Decía Max Weber que la burocracia es la organización eficiente por excelencia; aquella que está llamada a resolver, y leen bien, de forma “racional” y “eficiente”, los problemas de la sociedad y, por extensión, de las empresas. Esta definición del sociólogo y economista alemán no deja de ser hoy en día una utopía, pues todos sabemos que la burocracia no es otra cosa que el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Ni un solo Gobierno, del color político que sea, ha sido capaz de entrar a saco en la Administración Pública para acabar con el exceso de las cargas administrativas y la dictadura de los funcionarios. Y entiéndase por funcionarios aquellos que trabajan en labores administrativas, a excepción de los médicos, policías o profesores, entre otros.
Hasta antes de que apareciera en nuestras vidas la pandemia, el vuelva usted mañana lo teníamos interiorizado como sociedad. Sin embargo, el COVID-19 trajo consigo el teletrabajo, un sistema laboral que algunas empresas ya han implantado de manera definitiva y que la administración pública ha copiado en algunos casos. La pregunta es: ¿Es eficiente y productiva esta organización del trabajo en el sector público? Los empresarios lo tienen claro: Rotundamente no.
El presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, es quien ha dado la voz de alarma y se ha atrevido a criticar el actual sistema organizativo de una administración pública ya de por sí “lenta” e “ineficaz”. Hace meses que el líder de la patronal pide al Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, la reincorporación de los funcionarios públicos a la actividad presencial para, dice, acabar con las citas previas y el “atasco monumental” en la tramitación de expedientes y licencias de obras mayores. Hasta ahora, nadie le ha hecho caso, a pesar de que un amplio porcentaje de empleados públicos quieren trabajar presencialmente.
Solo el diputado del Común, Rafael Yanes, con quien Fepeco se reunió esta semana se ha puesto del lado del sector de la construcción instando a los organismos públicos a eliminar el teletrabajo por el “deterioro” que está provocando a los servicios públicos. Según Yanes, el trabajo en remoto aleja a la administración pública de la ciudadanía y la cita previa obligatoria “margina a los más débiles”.
Esta es la línea que defiende Fepeco a la que se han unido estos meses otros empresarios y colegios profesionales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros de Caminos y Telecomunicaciones. “Que quede claro”, afirmó Izquierdo en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, “los empresarios de la construcción no estamos en contra de la implantación del teletrabajo en sí mismo, sino de cómo se ha organizado, porque en estos casi tres años se ha demostrado que no es eficiente, ya que no cuenta con una cuantificación o medición precisa de la productividad de los que se quedan en su casa para desarrollar su labor. En Canarias, ha empeorado una administración que ya no funcionaba, y ahora la situación es insostenible. Los teléfonos a los que nos dirigen para pedir cita, generalmente no contestan o están comunicando permanentemente. Las plataformas digitales la mayoría del tiempo están fuera de servicio o caídas y cuando se tiene la lotería de poder hablar con el empleado público de turno, suele dar hora para meses más tarde”, relató Izquierdo, quien matizó que teletrabajar “no puede ser sinónimo de vacaciones encubiertas”.
El presidente de la patronal insistió en que el teletrabajo es un procedimiento de trabajo “útil” en casos concretos, pero advirtió que “los derechos de los empleados públicos no pueden estar por encima de los derechos de la ciudadanía y del sistema productivo”. Esta es, para Izquierdo, la gota que ha colmado el vaso. “En estos momentos hay en Canarias millones de euros parados en expedientes o licencias para conceder encima de las mesas de los funcionarios que no hay manera que se diligencien en los plazos establecidos, ya que no hay ninguna exigencia de cumplimiento o productividad reglamentada. Es una especie de selva burocrática, donde cada cual hace lo que quiere. Mientras tanto, las empresas esperando para comenzar las obras, reactivar la economía y crear empleo. Es un verdadero disparate, difícil de entender y más complicado de explicar. Y añadió: “Seguir así, significará el cierre de muchas empresas, sobre todo pymes, microempresas o autónomos locales y la pérdida de miles de puestos de trabajo, desencadenando la paralización de un sector que es el motor y la locomotora de la economía”.
En resumen, la crítica de Izquierdo se centra en que el Gobierno de Canarias no pone solución a este problema de una vez por todas. Para ello propone, por un lado, como hemos dicho, la reincorporación inmediata de los funcionarios a sus puestos presenciales. “Este sistema se ha implantado mal, sin control y sin medios, y somos los empresarios y los ciudadanos los que lo estamos sufriendo”. Y por otro, instaurar el silencio administrativo positivo para aquellos proyectos que queden sin respuesta de los ayuntamientos después de tres meses. “Con ambas actuaciones”, explicó Izquierdo, “se solucionaría gran parte del caos actual”. “A los empresarios y ciudadanos se nos exige cumplir escrupulosamente con los tiempos y las firmas y ante cualquier retraso se nos imponen recargos. En cambio, la administración pública, que es la que debería dar ejemplo, es la primera que sobrepasa estos plazos y encima nos pide paciencia”.
Es más, el presidente de la patronal aseguró que si salieran solo las licencias de obras mayores que hay presentadas en los ayuntamientos desde hace años se podrían crear más de 20.000 puestos de trabajo. “Vienen los fondos europeos y la administración no está preparada para gestionar tal volumen de presupuesto. Esperemos que ese dinero no tenga que ir de vuelta porque somos incapaces de gastarlo”. De hecho, es la propia administración pública, a través de sus empresas, la que compite con el sector privado y se adjudica obras. “Los empresarios estamos desesperados, hartos y desengañados de una Función Pública incompetente y de unos políticos fracasados, que son incapaces de encontrar una solución a corto o medio plazo”.
El presidente de la patronal va más allá y asegura que “en estos momentos hay un gobierno en la sombra en Canarias que son los Jefes de Servicio, los que firman y tienen más poder ejecutivo que los propios políticos elegidos democráticamente. Su frase preferida es: “Las cosas se hacen cuando quiero y digo, porque yo tengo el puesto de trabajo asegurado de por vida y los políticos van y vienen “.
Izquierdo: “Los edificios públicos parecen tiendas de muebles en saldo”
El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, asegura que la implantación del teletrabajo ha hecho que los edificios de usos múltiples o dependencias públicas de cualquier Administración “se parezcan a una tienda de muebles en saldo, porque solo se ven mesas, sillas vacías, luces encendidas, aire acondicionado funcionando, armarios cerrados y alguna alma en pena. Los verdaderos héroes son los vigilantes de seguridad”.
