El Ejecutivo canario aprobó ayer en Consejo de Gobierno el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, en el que se determinan los requisitos y las condiciones de acceso a los servicios y prestaciones del sistema y se fija el procedimiento de su actualización y revisión.
El Catálogo de Servicios y Prestaciones se define como el instrumento que determina el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de las Islas, cuya provisión deberán garantizar las administraciones públicas competentes, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que tengan por objeto la cobertura de las necesidades de atención social a las personas.
De esta forma, este primer Catálogo de Servicios y Prestaciones de Canarias regula un amplio abanico de opciones, que incluyen servicios de atención primaria y comunitaria; servicios de infancia, adolescencia, personas jóvenes extuteladas o riesgo de exclusión y familias; servicios de mayores, inmigración y voluntariado; servicios de dependencia y discapacidad, y servicios de prevención contra la violencia de género. El objetivo del catálogo en cuestión es codificar el conjunto de prestaciones que integran el Sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Canarias, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada, y que están destinadas a la atención de las necesidades personales y sociales de las personas y sus familias que residen o se encuentran en su territorio, con la finalidad de procurar su plena inclusión social o evitando que caigan en situaciones de exclusión social.
Además, el catálogo define y clasifica las prestaciones del sistema de servicios sociales en prestaciones de servicios, económicas o tecnológicas, e incluye aquellas actuaciones, intervenciones técnicas, programas, proyectos, ayudas económicas y tecnológicas, recursos y medios de atención destinados a cubrir las necesidades de las personas usuarias y a contribuir a la inclusión social de las mismas.
Las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública pueden ser de servicio, económicas o tecnológicas, y tendrán como objetivo la autonomía y el bienestar de las personas y sus familias, asegurando su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, y abordando las situaciones de riesgo o de exclusión social.
Los servicios y prestaciones de este catálogo constituyen un conjunto de apoyos formales que podrán compatibilizarse entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y adaptar la intervención a las necesidades, capacidades, y, en lo posible, preferencias de cada persona, así como a las características de su contexto.
Actualización
En cuanto a la actualización y revisión del catálogo que nos ocupa, el decreto recoge que se hará una puesta al día de manera regular y periódica, a partir del análisis de la información disponible sobre los recursos y las necesidades sociales que se demanden, lo que permitirá que dicho instrumento atienda adecuadamente y de manera realista a dichas necesidades y demandas sociales, o a las que se deriven como consecuencia de nuevos servicios u obligaciones que pudieran estar previstas en la legislación sectorial.
Asimismo, establece que, cada dos años desde su aprobación inicial, este catálogo de servicios y prestaciones será objeto de actualización por el Gobierno, incluyendo su estructura, a propuesta de la Consejería con competencia en materia de derechos y políticas sociales, en coordinación con las demás Administraciones públicas canarias, a través de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, así como con la participación del Consejo General de Servicios Sociales.
Además, y siempre en la perspectiva social, el Consejo de Gobierno también aprobó ayer un gasto plurianual de 6.436.470 euros del Servicio Canario de la Salud para financiar la contratación de un suministro e instalación de 2.302 camas clínicas y camillas con destino a diferentes centros hospitalarios. La contratación se realizará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para las anualidades de 2023 y 2024, a razón de 3.956.642 y 2.479.828 euros, respectivamente, cofinanciados al 85% por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (2021-2027).
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