Tontxu Rodríguez: “Suprimir de una vez los aforamientos ayudaría a que los ciudadanos vuelvan a creer en la política”

Basta con recordar que fue durante esta misma semana cuando se firmó un acuerdo que pone fin a la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia, cuyas consecuencias son particularmente gravosas para la ciudadanía en la provincia tinerfeña. Solo por eso merecía la pena entrevistar al actual secretario de Estado de Justicia para conocer las claves de los hechos más relevantes en el país acaecidos esta semana. Pero además atiende a DIARIO DE AVISOS con motivo de su presencia en la Isla por otra causa nada baladí, como es la presentación en Guía de Isora de la futura Oficina Municipal de Justicia, uno de los tres pilares que sustentan la prevista revolución que transformará radicalmente cómo se trabaja en los juzgados españoles. Por si fuera poco, Tontxu Rodríguez (Baracaldo, 1962) habla muy claro de cualquier asunto que se le plantea.

-No es su primera estancia en Canarias…

“Ya había disfrutado el placer de estar en las Islas, sobre todo en la etapa dura de Euskadi, En aquella época, venía a Fuerteventura, Lanzarote o Tenerife para, digámoslo así, poder respirar un poco. Cuando era alcalde de Baracaldo venía 15 días a Canarias…”.

-Como terapia de oxigenación…

“Era volver a respirar, seguro… pero todo aquello ya pasó”.

-Esta semana vuelve a Tenerife por motivos bien distintos, felizmente. ¿Por qué eligieron Guía de Isora como referente canario para este proyecto piloto de la futura Oficina Municipal de Justicia?

“Porque Guía de Isora encaja perfectamente en lo que necesitamos para saber en qué podemos fallar pero también en qué mejorar. Es un municipio de unos 20.000 habitantes, intermedio, y además con juzgado de paz, que es fundamental. Lo cierto es que preguntamos al Gobierno de Canarias como posible ubicación dentro del partido judicial de Arona y propusieron Guía de Isora. A nosotros nos parece perfecto”.

-Guía de Isora también tiene el factor diferencial por tratarse de un municipio turístico, con lo que ello conlleva de población flotante y sobrecarga de los servicios públicos…

“Fue otro de los factores por los que estuvimos plenamente de acuerdo con la propuesta, porque es ideal, también desde ese perspectiva, para un proyecto piloto”.

-¿A qué objetivo prioritario obedece la creación de la Oficina Municipal de Justicia?

“Mejorar la cercanía del vecino a la Administración de Justicia. Dicho de otro modo, queremos que los vecinos de Guía de Isora no tengan que desplazarse a Arona o a Santa Cruz de Tenerife para cualquier actividad en el ámbito judicial. Eso es lo que se persigue para esos 7.700 municipios de toda España donde ahora existen los juzgados de paz. Ha sido muy importante la colaboración con el Ministerio por parte del Gobierno de Canarias. Al final, hablamos de un proyecto de país que además no exige esfuerzo económico para los municipios. Desde Guía de Isora se van a poder recibir comunicaciones, ponerse en contacto con centros penitenciarios, acceder a la jurisdicción civil… Cualquier actividad que ahora le obliga a acudir a un juzgado”.

-Me habla de un cambio radical respecto al modelo actual, evidentemente arcaico dado que se remonta al siglo XIX..

“Por supuesto. Donde ahora hay esos 7.700 juzgados de paz habrá 7.700 oficinas municipales”.

-¿Qué coste va a tener semejante cambio para la ciudadanía?

“[Sonríe] Le digo lo mismo que le comenté a la alcaldesa de Guía de Isora [Josefa Mesa]. Cuando era alcalde y me venían con proyectos así lo primero que preguntaba era cuánto le iba a costar al Ayuntamiento. Esta vez, la respuesta es que no va a costar nada, dado que los juzgados de paz ya existen, y en realidad lo único que hace falta es un enganche a la red, que también existe. Por cierto, magníficos los juzgados de paz que hay en Guía de Isora, de los mejores que he visto en todo el país. Permítame añadirle que los funcionarios con los que pude hablar allí se mostraron encantados porque entienden que podrán trabajar mejor”.

-Hablamos de un cambio profundo, pero el actual sistema de la administración de Justicia en España requiere de muchos más, ¿verdad?

“Claro. Estas oficinas municipales es parte de toda una planificación general, y así está previsto desde la perspectiva legislativa como es sabido. Hablamos de toda una revolución, un revolcón como suelo decir yo, para que la Justicia pase del siglo XIX al siglo XXI”.

-¿Tiene algún sentido mantener los actuales partidos judiciales, por comprensible que resulte cierta resistencia desde aquellos municipios que siempre los han valorado como un logro a preservar?

“No tiene ningún sentido. Todo es distinto con el transporte o las telecomunicaciones actuales. Ya no es de recibo que haya que desplazarse a donde se encuentre la cabeza del partido judicial de turno porque supone un gasto inútil. Se trata de mejorar desde la perspectiva territorial y social, pero también desde la digital, que Canarias también lo necesita”.

-Justo coincide su presencia en la Isla con el fin del conflicto con los Letrados de la Administración de Justicia, de carácter estatal pero con efectos particularmente gravosos para los juzgados de esta provincia. ¿Cómo se valora desde el Ministerio este acuerdo?

“Con gran satisfacción, pero no solo para el propio Ministerio sino porque en estos dos meses se estaba causando un perjuicio importante a los ciudadanos. Hicimos una propuesta al comité de huelga el viernes de la semana anterior, y el pasado lunes fue refrendada por sus asambleas con un 76% de apoyo. Al día siguiente se firmó un acuerdo que es importante, insisto, para los ciudadanos. Suelo decir que uno acude a la Justicia como acude a un médico: no va porque le gusta sino por necesidad”.

-¿Cómo se ha llegado a la situación actual, si el año pasado ya se pactó una solución que, según los LAJ, luego no se materializó y por eso se vieron abocados a este paro indefinido?

“Bueno, creo que todo eso ya ha pasado. El acuerdo que se ha firmado pone de manifiesto que los Letrados de la Administración de Justicia son fundamentales para el desarrollo de esas leyes que van a permitir los cambios de los que hablábamos antes, y se pone fin al conflicto. Insisto en que lo importante es que los ciudadanos no vean paralizados sus expedientes”.

-Miremos hacia el futuro, entonces, porque al menos en los juzgados de la provincia tinerfeña la tarea acumulada es enorme. ¿Tienen algo previsto para aliviar en lo posible tal sobrecarga de trabajo?

“Por supuesto. Me comentaba hace unos días la presidenta del tribunal superior de justicia de una de las comunidades más importantes del país su pesar porque, cuando ya parecía que estábamos superando los problemas derivados de la etapa de la pandemia y volvía la normalidad a los juzgados, nos hemos encontrado con este conflicto. Lo que hemos hecho ahora es crear un grupo de trabajo compuesto por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las Comunidades Autónomas para buscar, precisamente, fórmulas que permitan reactivar todo aquello que ha quedado pendiente durante estos dos meses. Sin duda ello implica necesariamente una actividad importante, pero no se va a trabajar en el mes de agosto, como he oído decir. Creo que hay que dejarlo claro, porque no es cierto”.

-¿Se sabe de algún plan en concreto a este respecto?

“Es tarea de ese grupo de trabajo, pero tenga por seguro que todos queremos revertir esta situación y acabar con los perjuicios que, desde luego, han tenido que padecer especialmente los ciudadanos”.

-Hablando de medidas excepcionales, un juzgado de instrucción de esta capital, el número 4, instruye hoy en día un caso como el del Mediador, cuya dimensión excede claramente lo habitual y pone a prueba la suficiencia de los medios a su alcance. ¿Se contempla algún refuerzo?

“En principio y por los datos que tenemos, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife cuenta con los medios suficientes para hacer frente a este tema. Hayq eu dejar claro que todas las actitudes en el caso Mediador son reprobables, que nunca se puede menoscabar la dignidad de una institución como es la Guardia Civil, y le puedo asegurar que el primer interesado en solucionar esto es la propia Guardia Civil, y por supuesto la administración de Justicia. Por mi parte, tolerancia cero con la corrupción. El PSOE, en cuanto ha tenido conocimiento de este asunto, ha tomado medidas inmediatas respecto al diputado en cuestión”.

-¿Y sobre ese posible refuerzo?

“Como sabe, Canarias tiene transferidas las competencias, y considero que las plantillas están cubiertas. En Santa Cruz de Tenerife hay cinco juzgados de instrucción, y su media de carga de trabajo entra dentro de lo aceptable. Nadie nos ha pedido incrementar ese número, pero si la Comunidad Autónoma lo solicitase, se valoraría desde el Ministerio, por supuesto”.

-Otro conflicto estatal como el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial se deja sentir aquí, donde ni se ha podido designar al nuevo presidente de la Audiencia tinerfeña. ¿Cómo hemos podido llegar a estos extremos?

“Buena pregunta. Siempre digo que el poder judicial está secuestrado. Lleva más de 1.500 sin renovar a los vocales del Consejo, y lamentablemente que haya tenido que dimitir hasta su presidente, Carlos Lesmes, así como una vocal. No es de recibo esta situación. El partido de la oposición está impidiendo esa renovación, lo que nunca había sucedido. Cuando el PSOE ha estado en la oposición siempre aceptó esa renovación. Ahora bien, la solución puede ser inmediata. Basta con una llamada de teléfono del actual presidente del Partido Popular diciendo los nombres de los miembros del CGPJ y al día siguiente se tendría la mayoría necesaria. Mi impresión es que el PP no quiere que eso se produzca, y hablamos de una crisis institucional de enorme gravedad que, la verdad, tendría que solucionarse de una vez”.

-¿No habría que reformar la legislación para que algo así no se repita?

“La Constitución marca el sistema para la renovación del Consejo. O se cambia la Constitución o se busca otro sistema, pero entiendo que el actual sistema es el más independiente de toda Europa y no hay ninguna injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Por tanto, si se cumple la Constitución se evitaría este bloqueo, pero no es así, y son ya más de 1.500 días, como le decía”.

-¿Qué papel ha jugado el Ministerio de Justicia en la ley del ‘solo sí es sí’?

“Es una buena ley, surgida desde el movimiento feminista de este país. Estoy convencido de que los 200 diputados que votaron a favor de esta ley no preveían los efectos negativos que se han producido tras entrar en vigor. Por eso, y permítame la expresión, hay que arremangarse para reformar esa ley y resolver esos problemas. Se ha presentado una proposición de ley para lograrlo, y queda su tramitación parlamentaria. Estoy seguro de que todos los grupos harán propuestas, que desde luego serán bienvenidas. La ley se asienta en dos conceptos. El primero es mantener el consentimiento como eje principal, y el segundo revisar las penas para acabar con esos efectos indeseados. Estoy convencido de que saldrá adelante”.

-Resta pedirle su opinión sobre los aforamientos, suprimidos en Canarias y otras comunidades pero aún vigentes a nivel estatal. ¿Lo que surgió como garantía democrática ha derivado en una suerte de blindaje o privilegio?

“Ya son seis las comunidades autónomas que han eliminado los aforamientos. Es un tema que conozco bien, porque siendo portavoz en el Senado defendí en 2018 la retirada de los aforamientos a nivel estatal, que se contempla en dos artículos de la Constitución, de tal modo que en España hay unos 250.000 aforados. Pero para derogarlo hace falta una mayoría de tres quintos en las Cortes. Nosotros, el PSOE, estamos a favor de eliminar los aforamientos y así equipararnos con los países de nuestro entorno, pero el PP no lo apoyó hace ya unos cinco años. Siempre he defendido que acabar con los aforamientos ayudaría a que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política”.