economía

Carta abierta de Fepeco al Gobierno de Canarias

Ha solicitado "información precisa" sobre el teletrabajo en la función pública
Óscar Izquierdo, presidente de la patronal tinerfeña de la construcción (Fepeco).

CARTA DE FEPECO AL GOBIERNO DE CANARIAS

SOLICITANDO INFORMACIÓN PRECISA SOBRE EL TELETRABAJO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Preguntas presentadas al Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, solicitando su respuesta, para general conocimiento de la ciudadanía, antes de la celebración de las Elecciones Autonómicas y Locales, a finales de mayo

Después de una esmerada exposición de motivos, se solicita que se proporcione a FEPECO, información precisa y actualizada a la fecha, sobre las siguientes cuestiones:

1.- ¿Existe una cuantificación o medición precisa de la productividad de los funcionarios que se quedan en su casa, con sus correspondientes protocoles establecidos, aprobados y públicos, desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19?

2.- ¿Se va a exigir ratios de resolución de expedientes diarios o cualquier otra medida para tasar el trabajo realizado por los funcionarios públicos, tanto en trabajo presencial, como en teletrabajo?

3.- ¿El Gobierno de Canarias tiene una contabilidad al día del número de funcionarios que están teletrabajando? ¿Cuántos son por Consejerías?

4.- ¿Cobran los funcionarios en sus nóminas un plus de productividad, siempre y en la misma cantidad, según categoría profesional, sin ponderar dicha productividad? ¿Está medido cualitativa y cuantitativamente?

5.- ¿Funcionan con normalidad las sedes electrónicas en los distintos departamentos o servicios públicos? ¿Tienen problemas de saturación, caídas o falta de funcionamiento?

6.- ¿Se va a controlar la cantidad y calidad del trabajo realizado por los empleados públicos? ¿Cuál es el método empleado o que se va a implantar?

7.- ¿Se tomarán medidas disciplinarias en caso de incumplimiento?

8.- ¿Habrá control horario del trabajo en la función pública, medible y público? ¿Se sabrá en cada momento, dentro de la jornada laboral, donde se encuentra el empleado público?

9.- ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias acortar plazos de resolución de expedientes administrativos o licencias de obras mayores? ¿Cuál es el método empleado o que se va a implantar?

10.- ¿Antes de enviar al Consejo Consultivo el dictamen sobre el proyecto de decreto que regula la modalidad del teletrabajo, el Gobierno de Canarias tiene redactado, aprobado, finiquitado y listo para poner en marcha inmediatamente un “Protocolo de Productividad”, redactado y aprobado, ¿tanto para el funcionario que esté teletrabajando o lo haga presencialmente?

Hay que tener coraje para afrontar la modernización de una administración pública fallida. una forma de demostrarlo es contestar a las preguntas que le hemos planteado oficialmente, para que respondan antes de las elecciones de finales de mayo. aunque sabemos que solicitar una respuesta a un mes vista, no sólo es una utopía, sino un verdadero milagro, en la función pública canaria, esperamos que haciéndelo, el ejecutivo autonómico daría una lección de transparencia

Ningún partido político se atreve a enfrentarse con el verdadero problema estructural que tiene nuestra Comunidad Autónoma, a saber, una Administración Pública que no sirve, estorbadora, muro infranqueable, lenta, insuficiente, paralizadora e insistentemente incumplidora de los plazos de resolución que ella misma se ha autoimpuesto y además, no se hace responsable de los retrasos que acumula, al contrario de lo que nos exige a los ciudadanos y empresarios, que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones públicas, en tiempo y forma, porque si no, viene inmediatamente el recargo o interés de demora correspondiente, que eso sí que funciona rápido. porque cuando se trata de recaudar y cobrar impuestos son verdaderos zapatos veloces.

FEPECO, pide al Gobierno de Canarias información y trasparencia ante la verdadera alarma social y empresarial, por cierto, ya de grandes dimensiones que está adquiriendo, por el enfado generalizado de la ciudadanía y por el daño al sistema productivo, que no lo deja desenvolverse con normalidad, rapidez y eficacia, como quiere y hace la iniciativa privada.

En estos momentos, tenemos millones de euros sobre las mesas de los funcionarios, que están trabajando presencialmente o en los sofás de los que lo hacen teletrabajando, esperando que saquen adelante las licencias de obras mayores, que normativamente tienen que darse en tres meses y el promedio en canarias está entre los 18 y 19 meses y en algunos casos, la espera pasa de los tres años.

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