tribuna

Pandemia burocrática

La inminencia de la campaña electoral debería servir para reflexionar sobre los procesos burocráticos que se han ido instaurando en los últimos años, probablemente por razones bien intencionadas pero de consecuencias costosísimas. No sería la primera vez, supongo que lamentablemente tampoco la última, en que se pida públicamente analizar lo que nos pasa para poder avanzar en la resolución de los problemas, máxime si los tenemos localizados. Llegamos al final de una legislatura, estamos en los albores de otra y hemos leído los titulares habituales sobre el escaso número de leyes aprobadas durante estos últimos cuatro años. Pero, ¿es ese un problema real? No sería, acaso, mejor plantear si las que sí salen adelante son buenas leyes, bien armadas desde un punto de vista técnico y que permiten avanzar a las islas en su conjunto. Porque, la más de las veces, lo que ocurre es que existen leyes que se solapan las unas con las otras, no se sabe cuál es la que está en vigor e, incluso, en alguna reunión con técnicos de administraciones distintas ni ellos mismos son conscientes de dónde está residenciada la competencia. Y si ellos no lo saben ¿puede extrañar que los demás tampoco?

Si, además, el proyecto debe contar con licencias específicas o con una declaración de impacto ambiental, el calvario es de proporciones ciclópeas. Antes de la pandemia, la burocracia parecía excesiva, pero en comparación con los actuales tiempos uno tiene cierta nostalgia. Porque a nadie se le escapa que todos hemos hecho un esfuerzo acelerado por recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento y evitar que aquella frecuentemente citada nueva normalidad nos atrapase, concentrándonos en lo que mejor sabemos hacer… siempre que nos dejen. En realidad no es correcto decir todos, hay una parte de la sociedad que ha pretendido vivir en los márgenes, abusando del teletrabajo y deteriorando la atención a los ciudadanos, quienes tenemos aspiraciones, ilusiones y necesidades que deben ser consideradas y cuidadas, particularmente por aquellos que perciben sus salarios vía los impuestos que pagamos. Se ha creado lo que, certeramente, el Diario de Avisos llamó emergencia burocrática.

Es tentador hacer el reproche a los trabajadores. Y no debe excluirse su responsabilidad pero habría que ensanchar el foco para localizar a quienes consienten que tal cosa ocurra. Estos empleados públicos son una masa electoral que no conviene desairar y más a las puertas de unas elecciones pero sería igualmente deseable un acuerdo de máximos entre todos los partidos para que se haga lo que se tenga que hacer, y una vez definido, que el coste electoral -para el caso de tenerlo- se distribuya entre todos porque el peor escenario posible sería que alguien perdiese las elecciones por hacer lo que debe. Lo responsable es resolver problemas, no subsidiarlos ni desplazarlos en el tiempo.

Pero, ¿hay alguna razón para confiar en que suceda ese amplio acuerdo? Sí, sin duda. A los empresarios les viene mal las dilaciones innecesarias porque el dinero siempre puede ser utilizado en inversiones alternativas y apostar por una u otra, un lugar o el contrario. Todo esto tiene costes que parecen tan caprichosos como arbitrarios e injustos. Ocurre ahora que esta demora en los tiempos por mor de una burocracia insensible empieza a pasarle factura a los distintos dirigentes que ven como cuatro años no es tiempo suficiente para desarrollar sus planes y mostrar a los electores que su voluntad de cambio puede ejecutarse. No hay infraestructura pública que pueda desarrollarse en una sola legislatura y lo que está en juego, muchas veces, es su propia supervivencia política. El caso de la vivienda, tan presente en el debate político, es paradigmático porque llevar a cabo lo que se dice puede suponer una decena de años en trámites y esperas. Quizás es el incentivo que necesitábamos, que se pusieran en los zapatos de quienes llevamos décadas sufriendo tanta pasividad.

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