El derecho es el espejo de la sociedad porque, sin ir más lejos, primero se cometen los delitos e, inexorablemente, es después cuando la norma describe el tipo penal y fija responsabilidades por su comisión. Así ocurre desde siempre y ahora, con el auge de la cibercriminalidad, no iba a ser menos.
Por eso, decisiones como la que pronto adoptará el Tribunal Supremo sobre una de las estafas más recurrentes en la actualidad, como es la modalidad del llamado Fraude del CEO conocida como man in the middle (hombre interpuesto, en español), revisten especial interés.
El caso que nos ocupa obedece a la pericia de un bufete tinerfeño especializado en estos casos como es Sirvent & Granados, cuyo Departamento de Nuevas Tecnologías defendió con tal acierto un caso frente a la Audiencia de Valencia que la sentencia en cuestión se ha convertido en un referente estatal respecto a la, por motivos obvios, todavía incipiente literatura jurídica al respecto.
Enfoque
Ese original y hasta ahora exitoso enfoque del bufete tinerfeño consiste en una controversia jurídica que ahora resolverá el alto tribunal estatal y que resulta sencilla de comprender.
Básicamente, esta estafa consiste en usurpar la identidad de un socio/proveedor comercial o similar y pedir que el pago habitual se realice en otra cuenta.
Guiados por la confianza de lo habitual, el pago se envía al ahora facilitado nuevo IBAN (un código de 24 caracteres que ha sustituido al Código de Cuenta Bancaria tradicional), pero sin comprobar si corresponde la identidad del mismo.
A esas alturas, es fácil comprender que para el banco basta con el IBAN para no tener que responder por el pago, mientras que los representantes legales de los estafados consideran que la entidad tiene que realizar “trámites tan elementales, y que solo ellos pueden hacer, como comprobar el beneficiario de una transferencia”, detalla el responsable de dicho Departamento de Nuevas Tecnologías del citado bufete tinerfeño, el abogado local Isaac Pérez.
Dictamen
Sea como fuere, todo apunta a que la pronunciación del Tribunal Supremo sobre el caso que nos ocupa será una guía clave para la lucha contra este tipo de estafas y que tendrá mucho que ver con el respeto a los derechos de los consumidores consagrados por la Unión Europea”.
