Un Gobierno toma decisiones que impactan en la vida diaria de los ciudadanos y las ciudadanas. Debe procurar las bases para que exista equidad e igualdad de oportunidades, y eso incluye planificar una especial protección a quienes parten de una situación de desventaja.
Esto lo entendió con meridiana claridad José Luis Rodríguez Zapatero cuando puso en marcha en 2006 la conocida como Ley de Dependencia. Porque si hay un colectivo singularmente vulnerable en cualquier sociedad son las personas dependientes, las que en mayor o menor medida necesitan de un tercero para valerse al no poder hacerlo enteramente por sí mismas.
Lamentablemente, el camino durante estos años no ha sido una línea recta. Hemos sufrido retrocesos por parte de gobiernos de derechas que, cuando se vieron impelidos a ajustarse a una ortodoxia económica tras la crisis de 2008, no dudaron en sacrificar primero a quienes más tenían que perder.
En 2012, el PP redujo enormemente la financiación asignada a las Comunidades Autónomas para la Dependencia, creando una España a dos velocidades, en la que los dependientes recibían más o menos atención en función de su Gobierno autonómico y de si este creía en el sistema de atención a la Dependencia o no, como sucedió en Canarias, donde la aplicación acumuló desde el principio un intolerable retraso.
Además de eso, recortó las cantidades que se abonaban a las personas dependientes a través de la prestación económica para cuidados al entorno familiar (PECEF), dejándola en 387€, y también la prestación vinculada al servicio (PVS), que es el derecho que corresponde a los dependientes para contratar los servicios que necesitan.
No conforme, porque siempre se puede dar más duro a los vulnerables, eliminó la cotización a la que las cuidadoras tenían derecho; cuidadoras en femenino, porque la abrumadora mayoría de las personas que dejaban su vida en pausa para cuidar a un dependiente siempre fueron y son mujeres, que pierden ingresos y quedan en peor situación de cara a la jubilación. En noviembre de 2012, en un sólo mes se pasó de 171.713 cotizantes a 25.350.
Uno de los primeros Consejos de Ministros de Pedro Sánchez decidió darle la vuelta a esta situación profundamente injusta, devolviendo la cotización, y además recuperó la financiación extra que va a las Comunidades Autónomas con 700 millones de euros, a lo que se unió el aumento del nivel mínimo de financiación.
En Canarias, hemos tenido un presidente que se ha volcado en impulsar la atención a la Dependencia y sacar a las Islas del vagón de cola, con decisión, con hechos y, sobre todo, con recursos económicos y humanos. El Gobierno de Ángel Víctor Torres pasó de 1.886 prestaciones en 2019 a las actuales 10.712, según los últimos datos oficiales del Imserso o de 1.752 PIAS (Programas Individuales de Atención) en 2019 a los 8.908 actuales, pasando además las PECEF de 387 a 500€ y las PVS de 700 a 800€.
Y se ha hecho con visión de empleo, de consolidar al sector como un generador de economía y de riqueza para las Islas. En este tiempo se ha mejorado la financiación de las empresas y entidades dedicadas al cuidado de los dependientes y las personas con discapacidad. Basten unos pocos ejemplos: se ha pasado de 2.465€ a 3.035€ el precio/plaza/mes de las residencias de mayores o de 1.324 a 2.495€, o de 1.236€ a 2.252 en los hogares funcionales de discapacidad. Se crea empleo y se crea mejor empleo, con mejores condiciones, lo que redunda directamente en la calidad asistencial que reciben los dependientes.
La Dependencia es quizás una de las políticas donde más evidente se hace la huella de aquellos gobiernos que cuidan, que miran por quienes más necesitan protección pública. Es una política que cambia vidas a mejor, que alivia sufrimiento en vez de generar más, como bien saben los que sufrieron los recortes en su piel.
Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres. Tres presidentes socialistas que entienden el deber que como sociedad tenemos de cuidar y que han actuado en coherencia. Tres presidentes socialistas que han construido un país mejor y una Canarias mejor. Yo les reivindico con orgullo.
Marta Arocha Correa.
*Directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.
*Candidata al Senado por Tenerife.
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