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El Gobierno canario aprueba la creación del Comité para la Igualdad Social

Garantizará la participación de las asociaciones de defensa, servicios de orientación y asesoramiento para personas trans e intersexuales
El Ejecutivo aprueba la creación del Comité para la Igualdad Social
Jaen, viceconsejera de Igualdad / DA

Canarias avanzó en el desarrollo de la Ley 2/201, de 7 de junio de Igualdad social y No Discriminación por razón de Identidad de género, expresión de Género y características sexuales tras la aprobación la pasada semana en Consejo de Gobierno del Decreto por el que se crea el Comité Consultivo para la Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, así como del Reglamento que regula su organización y funcionamiento.

Este Comité permitirá la participación de las asociaciones con experiencia acreditada en materia de defensa de los derechos de los personas trans e intersexuales en la gestión de los servicios públicos previstos en la ley. Además, en el citado órgano participarán representantes del servicio de asesoramiento así como representantes de las unidades de acompañamiento a las personas trans e intersexuales.

Una vez aprobado el proyecto en Consejo de Gobierno, el Decreto será remitido al Consejo Consultivo de Canarias con el fin de que emita el informe preceptivo, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días.

El Comité Consultivo para la Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, se conforma como un órgano colegiado de consulta, participación ciudadana y mecanismo de seguimiento para la evaluación de las medidas adoptadas en la Ley 2/2021 de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Este órgano formará parte de la Consejería con competencias en materia de diversidad y tendrá, entre sus funciones, garantizar la participación de las asociaciones y organizaciones especializadas en la gestión de los servicios de responsabilidad pública de orientación y asesoramiento para adecuarlos a las necesidades reales de las personas trans e intersexuales; realizar el seguimiento y evaluación sobre la efectividad de las medidas de protección integral de trans e intersexuales.

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