La solución tiene mucho que ver con la necesidad de modificación de la maraña legislativa actualmente en vigor, que dificulta la reposición, modernización y sustitución de generadores de energía eléctrica que habiendo culminado su vida útil, para la introducción de equipamientos nuevos, se requiere una amplia actuación por parte de las administraciones públicas que a su vez están condicionadas por una amplia maraña jurídica.
La Ley 17/2013 “Para la garantía del suministro e incremento de la competencia de los sistemas eléctricos insulares y extra peninsulares” fue rechazada en su tramitación por el grupo parlamentario socialista del Congreso e incluso fue objeto de la presentación de un texto alternativo en el que ya alertábamos de las dificultades que en un futuro podría generar al sistema eléctrico canario.
Normas posteriores recogidas en la Ley 24/2013 “Del sector eléctrico” y además el Real Decreto 738/2015 “Por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares”, de casi doscientos folios, terminaron de configurar la maraña normativa en vigor que imposibilita al operador que genera energía eléctrica, la modernización del sistema para lo cual corresponde a la Administración Pública estatal la convocatoria de concursos competitivos, previo acuerdo con la Administración Autonómica.
Dicho en castellano coloquial: Si la Administración no pone en marcha el concurso, no hay posibilidad de modernización.
Creo que precisamente este es el mejor momento para llamar la atención sobre el tema, cuando parece que en boca de todos esté exclusivamente la crisis económica que se le avecina a Europa y todas estas advertencias ante el duro invierno que nos espera a raíz de la crisis energética que ha conllevado la invasión rusa de Ucrania. ¿Y qué pasa en Canarias? Tengo la sensación de que no se está priorizando lo que debe ser lo más importante, que es reforzar la seguridad de nuestro suministro eléctrico para evitar, en primer lugar, que vuelva a producirse un cero energético y garantizar así la estabilidad del suministro. Es decir, que lo que más debe ocuparnos y preocuparnos en este momento es la garantía del suministro eléctrico. Canarias, y a veces hace falta recordarlo, es un territorio singular, y muy especialmente en el ámbito energético. Recordemos que, a diferencia de las Islas Baleares, que sí están conectadas con la península (gas y electricidad), en Canarias no tenemos esta ventaja.
Porque ahí la sensación que tengo es que poco o nada ha cambiado en esta tierra en estos dos últimos años para tomar medidas que eviten nuevos ceros energéticos. La isla de Gran Canaria tiene en estos momentos un déficit de potencia eléctrica de 120 megavatios, y Tenerife tiene otro de 80 megavatios (datos hechos públicos por Red Eléctrica en un informe de mediados de 2021), que nos tienen en una situación de no deseada emergencia por falta de potencia para cubrir la demanda. Y tanto en Fuerteventura como en La Palma, las islas no capitalinas que más consumen, existe una enorme preocupación entre los conocedores de sus sistemas eléctricos por su alta debilidad.
En La Palma, por ejemplo, el volcán complicó aún más un panorama que ya era incierto antes de que éste estallase, ya que forzó a habilitar grupos de emergencia (13 megawatios de apoyo en dos centrales al norte y este de las coladas), pero sigue sucediendo que no hay un sistema circular (anillo) y más de la mitad de la isla (y la mitad este, que es la que más consume, además) podría quedarse sin luz en caso de fallo de la línea de transporte, que es la principal alimentación de esa zona. En La Palma, además, se da el caso de que hay grupos en activo que tienen 50 años de antigüedad.
Mi sensación es que no solo se ha hecho poco, sino que estamos peor, por el propio envejecimiento tecnológico de un sistema ya de por si desfasado. Lo que significa que el riesgo de que se repitan ceros energéticos es mayor que hace dos años.
Y la solución no es solo responsabilidad de las empresas operadoras (que tienen, y mucha), tanto en la generación como en el transporte, sino de la voluntad política de las administraciones, a las que les corresponde modernizar la legislación actual para que todos los avances tecnológicos que hoy hacen más viable disponer de sistemas eléctricos seguros y sostenibles medioambientalmente puedan aplicarse en nuestro Archipiélago.
Dicho esto, me gustaría que mi mensaje no se lea de forma catastrofista. Hay trabajo en marcha que no puedo más que aplaudir, como la intención de cara al año 2040 de convertir al Archipiélago canario en un territorio neutro de emisiones, es decir, convertirnos en un gran sumidero de carbono. Resulta evidente que, en esta línea, nuestro Archipiélago puede alcanzar sus objetivos combinando actuaciones de generación renovables que se complementen con modernos sistemas de almacenamiento. Y todo ello, enmarcado en los contenidos recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de reducción de las tasas de emisión de CO2 por generación convencional alimentada con energía fósil en un 50% para 2030 en relación a Canarias.
Sobre el papel, se trata de un esperanzador futuro inmediato, en el que crecerán los parques eólicos, se instalarán más y más paneles solares en las casas y en los edificios, en los colegios, en las construcciones públicas y privadas, en los parques industriales… Las centrales térmicas funcionarán con hidrógeno verde, los coches serán eléctricos, y quizás por fin podremos tener generación de energía geotérmica… Un panorama verdaderamente ilusionante, que dibuja por fin, y para 2040, el escenario energético que siempre he defendido, de lo que queda constancia en los diarios de sesiones de las Cortes. Ese año, deseablemente, la Comunidad Canaria podrá convertirse en la primera comunidad española en lograr la descarbonización de su territorio.
La estrategia canaria de acción climática constituye un ambicioso proyecto con el que me identifico plenamente y por el que cabe felicitar a la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, siempre vinculando a nuestras universidades en esta importante misión.
Estoy convencidos de que un teórico «plan energético canario» ha de pasar por configurar y compatibilizar la generación convencional mediante el empleo de combustibles renovables (hidrógeno verde) que vayan desplazando a los que hasta ahora se han venido utilizando y la consolidación del autoconsumo, al que se le debe posibilitar liberalizar sus excedentes, compitiendo libremente con la generación de energías renovables. Todo ello, y de manera prioritaria, mediante la implementación de modernos sistemas de almacenamiento en tecnología de baterías. Estas líneas de trabajo requieren de una razonable modificación normativa (lo que es más lento) que se hace imperiosamente necesaria en Canarias.
Pero todo este sueño, que firmaría cualquier ciudadano puesto que nos ubicará a los canarios en la vanguardia de la sostenibilidad energética en el mundo, no debe hacernos olvidar que la primera tarea que tenemos es la llamada garantía del suministro. Modernizar lo que tenemos y diseñarlo para que, si falla una parte, siempre haya vías de solución alternativa para no dejarnos sin energía (sin luz en casa, en el ascensor, en las empresas…). Porque seguimos viviendo, y es algo a lo que no deberíamos permitir que nos acostumbremos, con un sistema eléctrico al filo de nuevos ceros energéticos.
