El pleno del Parlamento de Canarias convalidó ayer el decreto ley que suprime de hecho el impuesto de sucesiones y donaciones, hasta ahora exento para las herencias de menos de 300.000 euros, con los votos a favor de CC, PP, Vox, ASG y AHI y la oposición de PSOE y NC-BC.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, defendió la medida para aliviar la presión fiscal sobre las familias y justificó su “extraordinaria y urgente” necesidad para poder “hacer frente a la inflación”, un argumento tachado de falso por el PSOE y NC-BC, al entender que esto es “un cheque para favorecer a unos pocos”, al 0,3% de los contribuyentes que heredan más de 1,2 millones de euros por persona.
Según Matilde Asián “hay una conexión directa” entre el impuesto de sucesiones y donaciones y la inflación, de ahí la “extraordinaria y urgente necesidad” de esta reducción fiscal por decreto. Para la consejera, es el IRPF el impuesto que debe atender a la progresividad fiscal, no el de sucesiones y donaciones.
El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, arguyó que la bonificación beneficia a 1.600 personas que “no tienen ningún problema para llegar a final de mes”. Por Nueva Canarias, Esther González, esgrimió que la reducción del referido impuesto no atiende al interés general, sino al particular de unos cuantos privilegiados”.
En una comparecencia a petición del Grupo Popular sobre la planificación y acuerdos con el Gobierno central para el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), Asián insistió en que es “muy perentorio” que el Ministerio de Hacienda remita a la Comisión Europea el informe del plan de evaluación de las ayudas de Estado, porque hay riesgo de que dejen de recibirse las regionales de la Unión Europea, que son evaluadas de forma periódica.
La titular de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, anunció que el Ejecutivo canario fijará un calendario y establecerá unas prioridades sobre el traspaso de competencias desde la Administración General del Estado, que no se pretenden asumir todas de golpe. En “las próximas semanas” se convocará a las consejerías para que cada una determine sus prioridades.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, transmitió a la Cámara que su departamento está ultimando los trámites para renovar los convenios con los cabildos para atender la dependencia y la discapacidad, de forma que espera que puedan firmarse en “algo más de un mes”. Se destinarán más de 194,9 millones de euros a estos acuerdos con las corporaciones insulares.
El máximo responsable de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, negó una “negociación encubierta” de la educación infantil de 0 a 3 años en Canarias. El diputado del PSOE Marcos Francisco Hernández le había preguntado por la reclamación del sindicato STEC-IC de la “inmediata puesta en marcha” de los grupos de Educación Infantil en los centros públicos.
En la víspera del Día Mundial del Turismo, Fernando Clavijo fue “meridianamente claro” en el rechazo a la implementación de una tasa. “No está en el programa electoral, no está en el programa de gobierno y esto está totalmente despejado”, zanjó el presidente en respuesta a su socio Casimiro Curbelo (ASG). A una pregunta de Carlos Ester (PP), la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, verbalizó la oposición “frontal” del Ejecutivo, los cabildos, el Parlamento, los ayuntamientos y la industria turística a la decisión de AENA de subir las tasas aeroportuarias un 4,1% a partir del 1 de marzo: “Ya está bien que sea siempre el turismo el que pague los platos rotos”.
A instancia de Juan Manuel García Casañas (PP), Clavijo informó de que se está estudiando la adopción de medidas fiscales que permitan aliviar la situación de familias y empresas en las islas no capitalinas. El mandatario recordó que uno de los principales compromisos que se adoptaron en el acuerdo de gobernación para esta legislatura ha sido el de resolver el problema del coste del combustible y la doble insularidad que padecen en La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. García Casañas ilustró que las islas no capitalinas sufren un sobrecoste adicional del 20% como consecuencia de la doble insularidad, lo que repercute en la cesta de compra, el transporte de mercancías y el combustible.
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