El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, llamó ayer en Fuerteventura a la reflexión acerca del carácter “proteico” o poliédrico de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos. “Estamos ante un fenómeno de muchas caras”, explicó. “Tiene una incuestionable dimensión jurídica, pero también presenta una dimensión económica, social, geográfica y, sobre todo, ética. Como juristas no podemos contentarnos con el frío análisis de la tipicidad de un hecho”, dijo.
El jurista grancanario aseveró que detrás de cada delito de trata de seres humanos “se agazapa una tragedia, una situación de vulnerabilidad que puede estar motivada por la pobreza, las enfermedades, los conflictos armados o las catástrofes humanitarias. La víctima sufre siempre el miedo que le imponen su propia vulnerabilidad y el temor a las represalias”.
Marchena Gómez intervino ayer en calidad de ponente en las jornadas sobre Inmigración y Derechos Humanos que todos los años se celebran en Canarias bajo la organización del Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno autónomo -en la presente edición, en Antigua)-. La conferencia se titula Inmigración ilegal y trata de seres humanos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Expuso Marchena en un alegato tan duro como contundente que, a su juicio, la trata de seres humanos, “si bien se mira”, no es sino “la vergonzante actualización de la esclavitud, hasta el punto de que lo que deba entenderse por trata nos lo proporciona el Convenio de 1926 sobre la esclavitud, que definía esta como el estado o condición de una persona sobre la que se ejercitan los atributos del derecho de propiedad. La víctima del delito de trata se convierte en el objeto sobre el que se proyectan los actos de explotación, sufre la cosificación de su propia dignidad”, dijo con encomiable clarividencia. De acuerdo con Eurostat, enumeró, el origen de las víctimas, dependiendo del continente de salida, “es el siguiente: América: Brasil y República Dominicana; África: Nigeria y Sierra Leona; Europa: Rusia, Ucrania y Holanda”.
“Los problemas más habituales a los que nos enfrentamos en el TS operan en una doble dirección”, expuso Marchena. “De una parte, por las dificultades para obtener un testimonio incriminatorio de la víctima debido al pacto de silencio que le impone el temor a represalias personales y económicas, que se extienden también sobre la familia que ha quedado en el país de origen. Por otro lado, cuando la víctima se libera de ese pacto de silencio y declara su peripecia vital, el problema se origina por las críticas de las defensas de los acusados a la credibilidad de una persona extranjera a la que nuestro sistema le otorga permiso de residencia si colabora con las autoridades”, explicó.
El delito de trata de seres humanos, frente a lo que inicialmente fue objeto de regulación, “ya no se aborda como una manifestación de la inmigración ilegal”, enfatizó Marchena. “Normalmente van de la mano, pero no siempre, hasta el punto de que la víctima de la explotación sexual o laboral no tiene necesariamente que ser inmigrante. Cualquier mujer, sea cual sea su residencia, puede llegar a ser víctima potencial de la trata”, concluyó.
Tachan de racista a la alcaldesa de Mogán por no pagar entierros
Mientras mentes preclaras como el magistrado Marchena claman contra el delito de tratas, la alcaldesa de Mogán, Onelia Bueno, ha vuelto a sorprender con el anuncio de la negativa de dicho Ayuntamiento a sufragar el entierro de las víctimas de la ruta canaria (considerada especialmente mortífera por Naciones Unidas), cuyos cadáveres acaban en su municipio tras ser recuperados. Si la Delegación de Gobierno en las Islas le ha recordado que es su obligación legal, el diputado socialista en el Congreso por la provincia de Las Palmas, Luc André Diouf, tachó ayer directamente “de racista” la tentativa de Bueno.
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