“Desde hace décadas se toman decisiones irreversibles sin el conocimiento ni el diagnóstico adecuados”. Con estas palabras expuso Anne Striewe, directora de la Fundación Canarina, la relevancia del informe SOS Costas Canarias, publicado por su entidad junto al Observatorio de la Sostenibilidad y presentado esta semana en la Universidad de La Laguna. El estudio, que pretende “cubrir un vacío” en cuanto a la información sobre el estado del litoral, pone de manifiesto una realidad que es ya incontestable: “Canarias ha alcanzado un punto de saturación en el consumo de sus recursos costeros”. La solución, señalan los autores, “pasa inevitablemente por establecer límites al crecimiento turístico”.
Entre los datos que recoge este extenso informe, fruto de dos años de trabajo, vuelve a emerger una de las problemáticas más preocupantes para la sostenibilidad del Archipiélago: los vertidos al mar. De los 403 puntos de emisiones censados en Canarias en 2025, 291 carecen de autorización vigente, es decir, el 72%. De las ocho islas, Tenerife concentra el mayor número de emplazamientos no autorizados, con 121 casos. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por su deficiente gestión de las aguas residuales, señalando a doce aglomeraciones urbanas de Tenerife.
Según denuncian los expertos, “el diagnóstico muestra un sistema de vertidos ampliamente descontrolado, con altos niveles de ilegalidad, una fuerte vinculación con el modelo turístico, una presión significativa sobre espacios protegidos y un retraso histórico en las infraestructuras de depuración”. Además, advierten de “una cultura institucional de tolerancia hacia la descarga de contaminantes al mar en Canarias”, que afecta directamente a 10 de las 24 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) marinas.
Sin embargo, entre todas las conclusiones destacadas hay una que resume con claridad el “preocupante” diagnóstico: “Canarias pierde actualmente cuatro kilómetros de costa natural al año por artificialización, y el 18% del suelo situado en la franja de los primeros 500 metros desde el mar ya ha sido transformado”. En el caso de Tenerife, el 26% del suelo de esa franja costera de 500 metros ha sido alterado por la acción humana. En algunos municipios turísticos los porcentajes alcanzan niveles extremos: en Yaiza (Lanzarote), fuera de los espacios protegidos, prácticamente todo el suelo disponible está artificializado. Además, las playas actúan como “el imán más potente” para la transformación del territorio. Sin embargo, en Canarias la costa arenosa representa apenas el 13% del litoral -frente, por ejemplo, al 82 % en Huelva-, lo que contribuye aún más a concentrar la presión urbanística sobre unos recursos especialmente escasos.
A juicio de los científicos, la relación entre el turismo y la pérdida de costa natural es ya inseparable, puesto que “los mayores incrementos relativos de superficie artificial se han producido en municipios con niveles muy altos de turistificación”. En este sentido, el estudio señala que en cinco municipios -Yaiza, Pájara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Adeje- existen más plazas alojativas que habitantes.
Esta presión antrópica está teniendo otras consecuencias importantes, como la pérdida severa de suelo agrícola -de las 80.000 hectáreas históricamente cultivadas en la franja costera de cinco kilómetros, hoy solo permanece activa el 38 %- o el aumento del riesgo de inundación. Este último ya se ha convertido en una amenaza real, con aproximadamente 80.000 personas expuestas al riesgo de inundación marina, principalmente en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Arona y Puerto de la Cruz.
Medidas
Todos estos datos, junto con muchos otros recogidos en el estudio “confirman que la situación es bastante preocupante”, admite Fernando Prieto, científico del Observatorio de la Sostenibilidad. No obstante, lejos de plantearse desde una óptica catastrofista, el informe nace, según Prieto, con la voluntad de “transformar todos estos datos en políticas públicas”. En concreto, los autores proponen diez medidas de aplicación urgente, entre ellas una moratoria inmediata a nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de 500 metros desde la costa, la ampliación y regularización de la depuración de aguas residuales en zonas costeras, la autorización y monitorización de todos los puntos de vertido activos y la constitución de una mesa técnica para revisar los planes insulares de ordenación.
Asimismo, plantean otras recomendaciones, como la creación de un Observatorio Costero Permanente con participación ciudadana o la reforma de la Ley 4/2017 para eliminar o restringir severamente la figura de la declaración de interés insular. Respecto a esta última, alertan de que se está utilizando como mecanismo para eludir procedimientos de evaluación ambiental, una cuestión que, a raíz del polémico proyecto Underwater Gardens Park, previsto en Punta Blanca y declarado de interés insular por el Cabildo de Tenerife, ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad.
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