Las Islas pierden cerca de cuatro kilómetros de costa cada año. Así lo advierte el reciente estudio SOS Costas Canarias, impulsado por la Fundación Canarina y el Observatorio de la Sostenibilidad. En los últimos años, la creciente presión antrópica sobre el litoral se han consolidado como una de las principales amenazas para la sostenibilidad ambiental del Archipiélago. En este contexto, iniciativas como la promovida por la empresa Underwater Gardens en el sur de Tenerife -un parque temático orientado al turismo regenerativo, acompañado de un proyecto científico en los fondos marinos próximos- han encendido las alarmas.
Más de 62.000 firmas y el respaldo de 34 colectivos sustentan la oposición de la plataforma Salvar Punta Blanca, creada para frenar una actuación que contempla la construcción de un jardín submarino de 11.691 metros cuadrados mediante arrecifes artificiales en la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, así como una superficie terrestre de más de 150.000 metros cuadrados destinada a actividades turísticas no alojativas -como buceo digital o espacios museísticos- entre los núcleos de Alcalá y Varadero.
Desde la promotora, la iniciativa se presenta como una “solución para la regeneración marina y el impulso socioeconómico local”, además de una herramienta de educación ambiental. Sin embargo, la plataforma ciudadana -respaldada por entidades como Greenpeace, ATAN o la Federación Canaria de Surf- denuncia que se trata de un nuevo “macroproyecto turístico” que podría atraer hasta 3.000 visitantes diarios a una de las pocas zonas aún libres de masificación.
Para comprender la estructura de la propuesta y parte de las críticas que ha generado, conviene tener en cuenta que, según sus impulsores, existe una separación entre las actuaciones en tierra -bajo la sociedad Underwater Gardens Park Tenerife S.L.- y la intervención marina, de carácter científico, “sin ánimo de lucro” y vinculada al consorcio Ocean Citizen, financiado con 10 millones de euros procedentes de la Unión Europea. De hecho, ambas iniciativas se tramitan de forma independiente: por un lado, el parque, declarado de interés insular por el Cabildo en 2022; la actuación marítima, sometida a exposición pública por el Gobierno canario en marzo.
No obstante, Greenpeace -al igual que otras organizaciones que han presentado alegaciones- considera que esta fragmentación “busca eludir una evaluación ambiental integral, y ocultar la verdadera naturaleza recreativo-turística de la intervención”. Una apreciación que ya apuntó la propia Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) en 2024, al señalar que “no se puede ignorar que la iniciativa empresarial Underwater Gardens engloba tanto superficie terrestre como marina a través del Sea Garden”. En esta línea, desde Salvar Punta Blanca sostienen que la dimensión científica del proyecto responde a una estrategia de greenwashing destinada a legitimar las actividades comerciales del complejo.
Ciencia, turismo y ‘greenwashing’
Preguntados por este periódico sobre esta cuestión, desde Underwater Gardens señalan que la vinculación entre la empresa y Ocean Citizen es “100% científica” y explican que, “dentro del consorcio, actúan como un socio que aporta la tecnología de los sustratos inteligentes, mientras que el parque servirá como motor económico para financiar la investigación”. Esta separación también es defendida por Sergio Rossi, coordinador de Ocean Citizen y director científico de Underwater Gardens, una doble función que desde Salvar Punta Blanca califican como un “reprochable” conflicto de intereses. “No hay problema porque no se ha buscado que el proyecto Ocean Citizen sea una parte del parque”, sostiene Rossi.
Sin embargo, la conexión entre la dimensión turística y la científica resulta evidente en las propias explicaciones de los promotores: “los visitantes del parque que demuestren un buen control de flotabilidad podrán participar en actividades de jardinería submarina, acompañando a científicos en tareas de documentación y fotografía en el mar”. De este modo, el complejo podría beneficiarse de unas instalaciones marítimas presentadas como “no lucrativas”. A su vez, según detallan sus impulsores, el recinto contará con laboratorios científicos -unos biolab- destinados al seguimiento del ecosistema.
Según Carla Henríquez, integrante de la plataforma Salvar Punta Blanca, la fragmentación de la iniciativa no es más que “una triquiñuela”. A su juicio, los promotores utilizan el proyecto científico europeo como un paraguas de legitimidad para ocupar el espacio marino. Además, desde una perspectiva estrictamente científica, también cuestiona la visión defendida por Sergio Rossi sobre “la necesidad de una restauración proactiva ante la urgencia actual”. Tal y como apunta Henríquez, “un verdadero proyecto de restauración jamás ocuparía más espacio en una zona tensionada y, si no se abordan las causas de degradación, como la contaminación o la sobrecarga, cualquier intervención acaba siendo un parche”.
Estas críticas han ido más allá y esta semana recibieron, a través de una carta abierta, el respaldo de 23 investigadores de distintas instituciones académicas y grupos científicos, entre ellos la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En el texto, denuncian “la apropiación del lenguaje científico de la restauración ecológica para legitimar proyectos cuya naturaleza y finalidad son predominantemente comerciales”.
Asimismo, señalan específicamente a Underwater Gardens Park, cuya parte marina, Sea Garden, “recibió 11 millones de euros para investigación y desarrollo que terminarán al servicio de dicho parque temático”. Todo ello en una costa que, pese a estar catalogada como Zona Especial de Conservación, “no soporta ya más presiones”.
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