La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, entregó ayer a la presidenta del Parlamento regional, Astrid Pérez, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024, el primero de la undécima legislatura. Está previsto que el intenso trámite que se inicia concluya en la sesión del 19 de diciembre. La fase de las comparecencias informativas de los máximos responsables de cada departamento se desarrollará entre el 2 y el 6 de noviembre. El debate plenario de toma en consideración de la iniciativa se ha fijado para el día 22, con las eventuales enmiendas de devolución.
Asián comentó que, desde un principio, el Ejecutivo (CC-PP-AHI-ASG) se marcó el objetivo de elaborar unos nuevos presupuestos y no prorrogar los anteriores, “que habría sido lo fácil”, y agradeció a su equipo “el esfuerzo por hacerlo en un momento de especial incertidumbre económica, institucional y política”, dado que el Gobierno central, en funciones, no ha trasladado a las comunidades autónomas las magnitudes relevantes para la elaboración de los presupuestos.
El límite de gasto no financiero es de 11.301 millones de euros, lo que supone un crecimiento porcentual del 11% en comparación con las cifras iniciales de las actuales cuentas y solo del 3,3% respecto al gasto real de 2023 y 2024. Del crecimiento total del presupuesto, casi dos terceras partes, unos 700 millones, se destinan a “reforzar el escudo social”; principalmente, en Sanidad, Educación y Bienestar Social. El aumento de los gastos de personal se cifra en 337 millones de euros. Con carácter general, se pretende afrontar las retribuciones de los empleados públicos, que experimentarán, en 2024, una subida fija del 2% y, adicionalmente, dependiendo de la evolución del IPC armonizado, podrían mejorar un 0,5%. Y el resto del incremento se concentra, fundamentalmente, en las áreas de Sanidad y Educación. También crecen las dotaciones para atender la financiación de las competencias transferidas y delegadas a los cabildos Insulares, un 8,56% más, así como los recursos del Fondo Canario de Financiación Municipal (+9,54%). Se mantiene la disposición adicional que prevé 100 millones de euros para La Palma, a la que se suma la creación de un fondo específico de 50 millones de euros para su recuperación y reactivación económica. Como novedad en este ejercicio, se implanta una bonificación excepcional en el precio de determinados carburantes en El Hierro, La Gomera y La Palma por valor de 9,5 millones de euros para compensar la diferencia de precios que soportan los residentes de esas islas.
En cuanto a los ingresos no financieros, los 10.939 millones de euros representan un aumento del 10,1%, en relación a las previsiones iniciales de 2023. La del incremento del Bloque de Financiación Canaria es del 6,8% sobre el cierre de este ejercicio, mientras que la previsión de crecimiento de los tributos cedidos y tasas asciende un 8,8%. En la financiación nacional afectada se mantienen los convenios suscritos: en el de Carreteras habrá unos 145 millones de euros más. Se prorrogan todas las medidas fiscales contenidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de ejercicios precedentes.
Matilde Asián achacó a “circunstancias sobrevenidas” el aplazamiento “puntual y temporal” de la promesa electoral de rebajar el IGIC del 7% al 5%. Ante los medios de comunicación la consejera esgrimió que hubo que elaborar unos presupuestos “con un escenario totalmente diferente”, en el que a partir del 1 de enero de 2024 se recuperarán las reglas fiscales. Al respecto, la oposición insiste en denunciar un “fraude al electorado”. Lo reiteró desde Fuerteventura el anterior jefe del Ejecutivo, el socialista Ángel Víctor Torres. El entonces vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), critica los “recortes” y arguye que esta propuesta “maltrata” a los servicios públicos esenciales. Asián la describió, por contra, de como “prudentes y valientes”.
En el Impuesto General Indirecto Canario se aplican reducciones parciales en áreas sensibles, como la sanidad y bienes de uso familiar, al tiempo que se refuerza la tributación de las bebidas energéticas y de las refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos, del tipo reducido al general. En el tabaco se aborda una regulación más armonizada y la homogenización.
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