El Estado deberá financiar la Policía Canaria en 2024 al superar los 300 agentes

La Policía Canaria, promovida en su día por Paulino Rivero (CC) con la oposición del PP, ha ido asentándose, ampliando sus agentes y siendo aceptada cada vez más por la sociedad isleña. En 2024, y según las plazas creadas y cursos impulsados en el mandato anterior, el cuerpo superará los 300 agentes y, en virtud de la ley, tendrá derecho a ser financiado por el Estado, tal y como ocurre con el resto de policías autonómicas. Así se lo ha recordado la consejera de Presidencia, Administraciones, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según indicó ayer en la comisión parlamentaria del área.
En la comisión, Barreto indicó que el ministro es consciente de que se superará esa barrera legal, aunque añadió que le dijo que lo de la financiación “es otro cantar, otra historia”. No obstante, la consejera insistió en que el Gobierno exigirá ese cambio en el modo en que se costea este cuerpo, al tiempo que confirmó que, durante el próximo año, se superará esa cifra de 300 gracias a los 79 agentes que se incorporarán tras el primer curso que se comparte con policías locales, que se desarrolla ahora y que terminará en marzo, con 41 aspirantes a cuerpos municipales.
Además, se prevé disponer de otras 82 plazas de la Canaria en 2024 (pendientes de convocatoria) y, según recalcó, el Ministerio sí que no muestra dudas o ambigüedades sobre el apoyo a esa ampliación. En total, se prevé que, el próximo ejercicio, haya 385 agentes, con otras 132 plazas pendientes.
La consejera del área se refirió al futuro del cuerpo tras sendas preguntas de ASG y CC sobre el despliegue por las Islas. Respecto a esto, reiteró que la intención del Ejecutivo autonómico pasa por que esté en todas las Islas y, para ello, ya se ha reunido con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (ASG), y con el de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), las dos islas donde prevé que haya destacamentos antes.
La Policía Canaria solo cuenta ahora con sedes en Tenerife y Gran Canaria. Esto hace que, ante cualquier petición por parte de ayuntamientos de islas periféricas para que se desplacen efectivos, sean los consistorios los que costeen la presencia de agentes para los servicios demandados. Barreto anunció que estos gastos serán costeados por la Comunidad desde enero, a la espera de fondos estatales.