Giorgia Meloni quiere castigar con hasta siete años de cárcel ocupar una vivienda en Italia

El gobierno de Giorgia Meloni ha implementado medidas más severas para “reforzar la seguridad ciudadana” en Italia, alineándose con su lema de “ley y orden”, un enfoque típico de la derecha de aquel país y en cumplimiento de su programa electoral.

Las críticas de la oposición no se han hecho esperar, pero Meloni ha reiterado que no piensa dar “un paso atrás” en cuanto a las medias que ha tomado. Todo ello llega después de que se diera luz verde al acuerdo rubricado por la propia Giorgia Meloni para enviar a Albania a solicitantes de asilo tras considerarlo “innovador” e “inteligente”.

Además de castigar con hasta siete añis de cárcel la ocupación de la vivienda, Italia contempla otras medidas, entre las que destacan las siguientes:

1. Nueva legislación contra la ocupación ilegal de inmuebles: Se introduce un delito específico para quienes ocupen ilegalmente propiedades, con penas de prisión de dos a siete años para aquellos que, mediante violencia o amenazas, ocupen o impidan el acceso legítimo a una vivienda.
2. Penalización del bloqueo de carreteras: Las obstrucciones de vías, una práctica en aumento, ya no recibirán solo una sanción modesta, sino que ahora serán consideradas un delito, con penas de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 1.500 euros.
3. Protección a personas mayores contra el fraude: Se castigará con mayor severidad el fraude o engaño a personas mayores, incluyendo arresto obligatorio en casos flagrantes, con penas de dos a seis años y multas de hasta 3.000 euros.
4. Eliminación de la suspensión de penas para carteristas embarazadas o con hijos menores de tres años: Esta medida está dirigida a prevenir que la maternidad sea usada como inmunidad contra condenas por robo.
5. Sanciones por daños a bienes del Estado: Quienes dañen propiedades estatales, como grafiteros o activistas, enfrentarán penas de prisión de seis meses a un año, y multas de hasta 1.500 euros.
6. Medidas contra disturbios en prisiones: Se impondrán penas de dos a ocho años a los reclusos que organicen o apoyen revueltas en las cárceles.
7. Introducción del delito de posesión de material con fines terroristas: Se sancionará con prisión de dos a seis años.
8. Protección a las fuerzas del orden: Se aplicarán penas severas contra quienes agredan a un agente de policía y se autorizará a los agentes a portar un arma no oficial sin licencia cuando estén fuera de servicio.