Diario de Avisos/EFE. La denuncia pública llevada a cabo el pasado viernes por un grupo de menores migrantes no acompañados sobre supuestos malos tratos por parte de personal que los atiende en un centro de acogida gubernamental en Tafira (Gran Canaria) ha provocado que, como medida de respuesta inmediata recogida en el informe elaborado al respecto por un equipo de inspección de la Dirección de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, próximamente se procederá a reubicar en otras instalaciones a varios de los residentes en dicho centro de menores migrantes de Las Palmas de Gran Canaria.
Además, dicho informe sobre el centro de menores de Tafira, gestionado por la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI, se ha puesto a disposición de la Fiscalía con dos conclusiones básicas: hubo incidentes en el interior del recurso días antes de la fuga de menores que se produjo hace pocas fechas y se trasladará a varios menores a otros lugares, según desvelaron a Efe fuentes del departamento regional.
El expediente abierto por dos técnicas de la Dirección General “revela incidentes durante los días previos a la fuga de los adolescentes que hicieron necesario el refuerzo de educadores por parte de la entidad”. Asimismo, apuntaron, el Ejecutivo autonómico “trasladará a otros recursos alojativos a algunos de los chicos para mejorar la convivencia” en el centro.
La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias también tienen claro que continuarán adoptando decisiones respecto al centro en cuestión “en función de lo que determine la justicia”.
Denuncias
Es menester recordar que fue el pasado viernes cuando 12 menores acogidos en dicho centro de la capital grancanaria presentaron denuncias que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria por presunto maltrato e incluso “posibles tocamientos en el despacho del director”. Además, la ONG que gestiona el referido centro ya está siendo investigada por otro juzgado de la capital grancanaria después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra ella a finales del pasado mayo al detectar la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos en la gestión de los fondos públicos que obtenían del Ejecutivo autonómico para atender a los menores migrantes.
Igualmente, directivos y personal de dicha ONG, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, están siendo igualmente investigados por otro juzgado de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, por posibles delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones por una serie de incidentes en otro recurso que gestionaron durante el anterior repunte migratorio de 2020.
Respuesta
A buen seguro que todo ello ha pesado en el ánimo de los miembros del Consejo de Gobierno celebrado ayer, cuyo portavoz, Alfonso Cabello, desveló durante su comparecencia antes los medios tras su conclusión que el Ejecutivo autonómico está trabajando en un contrato de inspección externo para los centros de menores migrantes del Archipiélago con el fin de conocer exhaustivamente “lo que está sucediendo” en ellos.
Según detalló el también viceconsejero de Presidencia regional, este contrato busca “tener información casi a diario” de lo que pasa en el interior de los centros que acogen a los menores migrantes, cuya tutela está bajo competencia de la comunidad autónoma.
Sobre la referida denuncia presentada por la docena de menores, Cabello detalló que un equipo de inspección de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario se desplazó el pasado domingo hasta el centro para tomar declaraciones y analizar lo denunciado “de primera mano”, a la par que confirmó la remisión del informe elaborado con sus conclusiones a la Sección de Menores de la Fiscalía de Las Palmas, con la que el Gobierno de Canarias ha mostrado su intención de “trabajar de forma coordinada”.
Cabello reconoció que el incremento en la llegada de menores migrantes de los últimos meses ha “sobrepasado la capacidad inspectora” de los distintos recursos abiertos para atender a estas personas.
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