El diputado del Común, Rafael Yanes, denunció en un extenso Informe extraordinario sobre situación de la vivienda en Canarias desde una perspectiva social que en las islas solo hay un 0,96% de viviendas públicas sociales, por un 2,5% en el conjunto de España y un 9,3% en la Unión Europea. Yanes instó a los partidos políticos a un gran acuerdo entorno a la vivienda, que en su opinión es el problema social más grave de Canarias, ya que se necesitan 46.000 viviendas públicas sociales en diez años.
La dificultad de acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los canarios en todas las islas, cada una con sus particularidades, algunas por falta de suelo, otras por el gran número de viviendas vacías fuera del mercado o dedicadas al alquiler vacacional. “La integración social comienza con una vivienda digna y la exclusión está íntimamente ligada a no tener vivienda”, afirmó Rafael Yanes a DIARIO DE AVISOS.
-En este informe aborda la problemática de la vivienda en Canarias. ¿Espera que sea tomado en cuenta?
“Los datos para el acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler en Canarias son muy preocupantes. Somos la cuarta comunidad más cara a la hora de adquirir una vivienda en propiedad, después de Baleares, Madrid y Cataluña, pero esas tres comunidades tienen una renta media superior a la media nacional, mientras que Canarias tiene la renta más baja. En el acceso a la vivienda en alquiler los datos son preocupantes porque en los últimos cinco años su coste ha subido más de un 50%, de manera que casi la mitad de las familias inquilinas dedican más del 40% de sus ingresos al alquiler, cuando la media europea es del 28%. Esta situación es la que origina este análisis de una situación que es especialmente grave, así lo hicimos con dependencia y con las plazas en los centros residenciales para mayores. Cada vez que he presentado un informe extraordinario se toman medidas y espero que sirva para que la vivienda social esté en primera línea del debate y que se llegue a un gran acuerdo político que necesita Canarias”.
-¿La ausencia de un parque de viviendas sociales y de suelo para construirlas es una cuestión que se repite en todas las islas?
“Esos son los problemas generales y tienen una especial gravedad en Lanzarote, Fuerteventura, sur de Gran Canaria y sur de Tenerife, y hay una situación diferente en el norte de Gran Canaria, norte de Tenerife, La Gomera y El Hierro, y un capítulo aparte merece La Palma debido a la especial situación que ha vivido tras la erupción volcánica. Las causas son varias: el impacto de nuevas modalidades de turismo, los efectos de la legislación, las dificultades de ordenación territorial en los municipios, la desesperante tardanza de los expedientes administrativos o poca vivienda pública construida”.
-¿Qué ha pasado con las viviendas ya construidas para alquiler social?
“En los años 90, Canarias vendió 20.000 viviendas públicas que hasta ese momento eran de alquiler a sus inquilinos, no a un fondo de inversión, de manera que fue una medida social, pero se olvidaron de construir otras 20.000 para ponerlas a disposición de las personas que las necesitaran. Me gustaría incidir en esta idea, el artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Ahora bien, disfrutar de una vivienda digna no quiere decir que sea necesariamente en propiedad y exista una herencia posterior. Si vamos a la experiencia europea veremos que los países con el mayor porcentaje de viviendas en alquiler social son Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania, y los que tienen el menor alquiler social son Grecia, Chipre, Rumanía y España. Es decir, los países que mejor protegen el derecho a una vivienda son los que apuestan por el alquiler social, porque garantiza a las personas con pocos recursos una vivienda digna, ya que pagan un porcentaje de la renta, normalmente el 14%. En aquellos que opten por la propiedad, quienes tengan dinero podrán conseguirla y al resto no se les garantiza este derecho”.
-Además de la falta de pisos públicos, ni siquiera hay ‘temporales’ para un desalojo por una emergencia o un desahucio.
“Es una de nuestras propuestas, tiene que haber un paquete de viviendas para emergencia habitacional. Según el Consejo General del Poder Judicial, Canarias tuvo el año pasado la mayor tasa de desahucios por impago de alquiler de España, y no se olvide que en la memoria de Cáritas esa institución atendió a casi 40.000 personas en situación de sin hogar; por eso, insisto en que la integración social comienza con una vivienda digna y la exclusión está íntimamente ligada al hecho de no tener vivienda”.
-Los canarios cada vez prefieren el alquiler porque no tienen capacidad de ahorro por su baja renta, pero tampoco encuentran alojamiento en las zonas donde hay más trabajo, las turísticas.
“El problema está en que el precio de la vivienda es carísimo y un trabajador no puede afrontarlo. La vivienda es el problema social más importante que tiene Canarias, y para afrontarlo hace falta un consenso político amplio, porque la política de vivienda no se puede afrontar en los cuatro años de una legislatura, tiene que ser un acuerdo político de largo recorrido que trascienda lo que es una legislatura, por eso su implicación es fundamental para poder afrontarlo con una visión a medio y largo plazo. La dependencia y la discapacidad son dos problemas importantísimos, pero lo que ocurre es que se solucionarían poniendo más personal y más presupuesto. Sin embargo, resolver el problema de la vivienda no es tan fácil, la vivienda pública hay que planificarla para los próximos 20 años y que supere la alternancia política. Tienen que ponerse de acuerdo en una línea de trabajo, yo apuesto por el modelo del alquiler social, por medio del cual la persona puede pagar un porcentaje de su renta, y los que ya superen esos parámetros irán al mercado libre”.
-Habrá que tirar de las orejas a las administraciones por no facilitar el acceso a la vivienda: los municipios han fallado en sus ordenamientos y la Comunidad Autónoma cuenta con el Icavi y Visocan que realizan esta gestión. ¿Qué medidas propone para mejorar la situación?
“Con el informe no pretendo decirle a la Administración lo que debe hacer. He presentado un documento con humildad y con unas posibles líneas de actuación, pero mi intención es que sirva de reflexión. La primera propuesta es declarar la política de vivienda urgente y preferente, es decir que esté en primera línea del debate político que ahora no lo está. En segundo lugar, hay algunas propuestas que son de gestión como, por ejemplo, actualizar el censo de vivienda pública y combatir el uso fraudulento, porque hay ocupaciones ilegales, hay alquileres clandestinos, hay ventas privadas de vivienda pública… También hay medidas de participación: planteamos un observatorio de la vivienda que nos diga en cada momento qué ocurre con la vivienda, dónde hacen falta, dónde están los precios más caros y, por tanto, ahí habría que actuar, o crear una mesa de emergencia habitacional. Luego hay medidas de organización, como ha planteado en la pregunta. Yo no digo que haya que suprimirlas pero como elemento de reflexión, ¿es conveniente que el parque de viviendas públicas esté gestionado unas cuantas por el Instituto Canario de la Vivienda y otras cuantas por Visocan?, ¿sería conveniente unificar la gestión de la vivienda pública en un solo organismo, con un solo criterio y con una única forma de gestionarlo? Yo creo que sí, pero además hay que simplificar la adjudicación de vivienda. Y en el carácter legislativo faltan dos cuestiones, en primer lugar adaptar la Ley Canaria, que es de hace veinte años y hay que actualizarla, y en segundo lugar hay que simplificar la actualización urbanística de los ayuntamientos, porque solo un tercio de los 88 ayuntamientos tiene actualizada su ordenación territorial y deben tenerla actualizada para poder ceder suelo a la comunidad y así construir vivienda social”.
-Reconoció qué Canarias necesitaría unas 46.000 viviendas públicas sociales en los próximos 10 años, pero teniendo en cuenta que hay muchas viviendas vacías, más de 211.000 (el 19,4% del total), ¿por qué no trabajar mejor sobre estas últimas?
“Somos los campeones en viviendas vacías. Santa Cruz de Tenerife tiene el mayor porcentaje de vivienda vacía entre las ciudades mayores de 200.000 habitantes del país, con un 17%, y Las Palmas de Gran Canaria está en cuarto lugar. Tenemos mucha vivienda vacía y es necesario afrontarlo. Se aprobó un programa de vivienda vacía para ponerlas a disposición de alquiler social por parte del Gobierno de Canarias en 2022 que no ha tenido el éxito esperado, pero en el que con los cambios oportunos habrá que insistir, porque ese es suelo ya utilizado y que hay que aprovecharlo para no tener que usar más suelo. Hay cascos históricos en pueblos y ciudades que no están ordenados, por tanto, la restauración es prácticamente imposible; además, el problema de muchos inmuebles es que los herederos están en segundo o tercer nivel, algunos en distintos países y es difícil ponerse de acuerdo”.
-¿Qué opina del Plan de vivienda de Canarias 2020-25?
“Considero que es una buena iniciativa, preveía construir 5.000 viviendas sociales en cinco años y ahora hay un nuevo Gobierno y debería continuarlo y ampliarlo. Pero repito que hace falta la implicación de todos los grupos parlamentarios; si no es así, cada cuatro años se replantea la política de vivienda y no avanzamos”.
-Plantea vivienda accesible para personas con discapacidad y problemas de movilidad.
“Es un punto muy importante, planteamos seis propuestas concretas para los colectivos con discapacidad, pero me atrevo a sugerir a las administraciones generalizar que las viviendas públicas sean todas accesibles, es decir, tengan baños adaptados, puertas con una dimensión suficiente para una silla de ruedas, etc. Todos somos candidatos a tener una discapacidad, que puede ser temporal por un accidente o permanente, no sabemos cuál será nuestro futuro ni el de las personas que conviven con nosotros. Por tanto, se deben construir más viviendas accesibles y adaptadas a una población cada día más envejecida”.
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