Una vez más, los abogados del turno de oficio han vuelto a llevar a cabo un acto de protesta pública para reclamar ante las duras condiciones en las que se ven obligados a llevar a cabo una labor que, no lo olvidemos, también es un servicio público consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, como es la justicia gratuita.
Al igual que en anteriores ocasiones, y tal y como viene sucediendo desde al menos 2020, la protesta se visualizó frente al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, a la par que otros actos idénticos se realizaron en la capital grancanaria y las principales ciudades de todo el país.
No en balde, dicho colectivo lleva en huelga desde el pasado noviembre y espera desde dos meses antes a que el Ministerio de Justicia cuanto menos convoque una reunión para escuchar sus cuitas, pese a la solicitud cursada a este respecto por aquel entonces.
Sus reivindicaciones son conocidas, y algunas son tan básicas como que ni tan siquiera cuentan una regulación jurídica del profesional del turno de oficio, mientras que las retribuciones que perciben no solo son asombrosamente escasas, sino que se da como algo normal que las perciban pasados dos o tres meses después de llevar a cabo su trabajo, por no hablar de que estas en absoluto cubren la totalidad de las actuaciones que llevan a cabo ni los tiempos de disponibilidad.
Entre dichas reivindicaciones se encuentra el abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio, así como que sea la Administración la que pague al profesional y reclame al ciudadano en los casos en que se produzca la denegación de la asistencia jurídica gratuita, poniendo así fin a los abusos que se producen en estas situaciones. También reclaman consideraciones tan elementales para otros trabajadores como son la actualización anual de las retribuciones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) o la cotización a la Seguridad Social, además de sus derechos a la conciliación, al descanso y a la desconexión digital.
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