El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 30 de octubre, una resolución del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que concede un mes para reclamar cantidades depositadas en juzgados de Canarias. El aviso afecta a dinero procedente de antiguos procedimientos judiciales que podría pasar definitivamente al Estado si sus legítimos beneficiarios no presentan una reclamación.
La resolución, publicada en el BOE número 270, recoge expedientes de distintos órganos judiciales de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, entre otros territorios españoles. Algunas cantidades superan los 9.000 euros y están vinculadas a procedimientos de hace más de dos décadas.
El anuncio establece que, si transcurre el plazo sin que se presente una reclamación ante el órgano judicial correspondiente, las cantidades serán declaradas abandonadas y prescritas a favor del Estado.
Cantidades de hasta 9.796 euros en juzgados de Tenerife
Entre los expedientes publicados destaca uno de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, plaza número 5, con una cantidad de 9.796,50 euros. El procedimiento está identificado con la referencia 71-0591-93 y tiene como fecha de disposición el 1 de septiembre de 2005.
En este caso, el BOE señala que el beneficiario figura como “no identificado”.
También aparece otro expediente de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, plaza número 6, con 5.476,11 euros. Corresponde al procedimiento 47-6011-98 y presenta igualmente un beneficiario sin identificar.
En Las Palmas de Gran Canaria, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 5, tiene consignados 6.000 euros correspondientes a un procedimiento con fecha de disposición del 7 de agosto de 2006. En este caso, el anuncio identifica a una entidad aseguradora como beneficiaria.
La relación incluye otras cantidades de menor importe en juzgados de San Cristóbal de La Laguna, Granadilla de Abona, Güímar, Icod de los Vinos, Arona, Puerto de la Cruz y La Orotava, así como en Los Llanos de Aridane, en La Palma.
Los importes son diferentes en cada procedimiento. En algunos casos apenas alcanzan unos euros, mientras que en otros ascienden a varios miles.
Cómo reclamar el dinero antes de que pase al Estado
La resolución de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia establece un plazo de un mes contado desde la publicación del anuncio, realizada el 30 de octubre de 2026.
Para solicitar una cantidad, los interesados deben presentar su reclamación ante el órgano judicial correspondiente. El documento oficial identifica cada expediente mediante el juzgado, su código, el número de procedimiento, la fecha de disposición, el beneficiario y el importe.
Por tanto, las personas que consideren que pueden tener derecho a alguna cantidad deberán consultar la relación publicada en el BOE e identificar el procedimiento correspondiente.
Es importante aclarar que no se trata de una ayuda económica ni de dinero que pueda reclamar cualquier ciudadano. Las cantidades están vinculadas a procedimientos judiciales concretos y su entrega depende de que se acredite el derecho a recibirlas.
La relación completa puede consultarse en el anuncio oficial publicado por el BOE, bajo la referencia BOE-B-2026-35468.
Por qué los juzgados tienen dinero pendiente de reclamar
Los depósitos y consignaciones judiciales son cantidades que quedan a disposición de los tribunales durante determinados procedimientos.
Pueden proceder de fianzas, embargos, garantías procesales o pagos realizados para cumplir obligaciones establecidas judicialmente.
El Real Decreto 467/2006, que regula estas cuentas, establece que las cantidades que no hayan podido entregarse a sus destinatarios pueden transferirse a una cuenta especial de fondos provisionalmente abandonados.
La normativa también contempla los casos en los que se hayan emitido mandamientos de pago que sus beneficiarios no han presentado al cobro.
Por su parte, el artículo 18 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece un plazo de 20 años sin actuaciones de los interesados que impliquen el ejercicio de su derecho de propiedad para que determinados saldos y depósitos se consideren abandonados.
Antes de ordenar su ingreso al Tesoro Público, Justicia publica el correspondiente anuncio de prescripción.
En este caso, la resolución del 30 de octubre de 2026 constituye la advertencia oficial a los interesados para que puedan reclamar las cantidades que les correspondan antes de que se declare su abandono a favor del Estado.
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