Fumata blanca en la Unión Europa (UE). Como vaticinó el pasado viernes durante su visita a Canarias la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (que preside España) anunciaron ayer que los 27 al fin han llegado a un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores, gracias a una solución intermedia entre las pretensiones de países de la frontera Sur como España o Italia y las objeciones planteadas por estados miembros hasta ahora remisos a colaborar en la acogida de migrantes.
Por primera vez, se acuerda activar una respuesta europea cuando se desata una crisis migratoria tanto a nivel regional como nacional. Este punto favorece casos como el canario, al verse desbordadas las Islas por las llegadas, aunque no afecten al resto del Estado.
La clave radica en una solidaridad a la carta que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación de 20.000 euros por cada uno de los traslados rechazados. Dicha compensación podrá materializarse con la aportación de fondos para dotar de medios a los países que reclamen ayuda ante una situación de crisis o, simplemente, detrayéndolos de los que reciban desde Bruselas.
“¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo”, anunció uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers, a primera hora de la mañana. Su entusiasmo fue compartido por las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes coincidieron en señalar el momento “histórico” que supone, después de años de dilatadas negociaciones, una reforma que abarca todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes, hasta que se resuelve cada caso con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.
Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptadas formalmente, ponen fin a años de duras negociaciones y pasan por un mecanismo de “solidaridad flexible” que obligará a los Veintisiete a prestar ayuda a un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace. El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir la totalidad de acogidos asignados a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
Otras claves básicas pasan por la creación de un procedimiento armonizado para toda la Unión Euoropea para otorgar o retirar la protección internacional, y que sustituirá los marcos nacionales que fragmentan ahora la gestión en la UE y que, en el caso de una primera decisión, deberá resolverse en un máximo de seis meses. También se introducen plazos más cortos para los expedientes que sean manifiestamente inadmisibles, con una duración máxima de una semana, lo que sin duda agilizará las devoluciones en caliente.
Además, el marco del reglamento de Eurodac, que amplía las bases de datos, introducirá imágenes faciales junto al habitual registro de huellas dactilares, y se aplicará incluso a niños a partir de seis años, medida que los Veintisiete consideran necesaria para reforzar los controles de seguridad.
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