Adeje será el primer municipio de la comarca Sur en la construcción de viviendas sociales energéticamente sostenibles. Todo ello después de que el Gobierno autónomo haya publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el convenio de cesión de dos parcelas en el núcleo de Armeñime.
Las viviendas,45, serán otorgadas en régimen de alquiler, tal y como contempla el acuerdo entre el ayuntamiento y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), que fue aprobado en agosto de este mismo año por el pleno municipal con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a vecinos y trabajadores, un derecho que se ha convertido en una carrera de obstáculos en una comarca en la que los alquileres se han disparado, obligando a muchos de ellos a buscar refugio en furgonetas y caravanas o chabolas, en los peores casos.
Las casas proyectadas serán protegidas y de promoción pública, y su implementación estará a cargo del Icavi. Este organismo tiene el objetivo de incluir las parcelas en el Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En virtud del convenio, el Instituto Canario de la Vivienda acepta la cesión de las parcelas proporcionadas por el Ayuntamiento de Adeje. Estas áreas serán destinadas exclusivamente a la edificación de viviendas sociales protegidas, y el Instituto se compromete a llevar a cabo todas las acciones requeridas para alcanzar dicho propósito. La ejecución de los objetivos planteados en la concesión de las parcelas debe concretarse en cinco años, asegurando el uso destinado durante las tres décadas subsiguientes.
El Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes fue impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con fondos Next Generation de la Unión Europea. Su objetivo es habilitar 20.000 viviendas en régimen de alquiler social.
El presupuesto que estaba previsto transferir a las comunidades autónomas era de 1.000 millones de euros. De esta cifra, 918 viviendas estarían en Canarias, con una transferencia de fondos de 45,9 millones de euros, según los datos públicos del Ministerio.
La subvención máxima a recibir por los impulsores de estas viviendas sociales energéticamente sostenibles es de 700 euros por metro cuadrado, con un máximo de 50.000 euros por casa.
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