El Parlamento de Canarias aprobó en la tarde de ayer, por unanimidad y siguiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo, modificar la Ley 11/1997, de 2 de diciembre y de regulación del sector eléctrico canario. El cambio busca dar coherencia y evitar la inseguridad jurídica para empresas, instituciones y particulares sobre las sanciones y prescripciones sobre incumplimientos de dicha norma, al ser contradictorias o chocar con la normativa estatal y perjudicar, por ejemplo, a la administración ante los incumplimientos de compañías, como ha ocurrido con algunos de los ceros energéticos sufridos en las Islas (cinco en los últimos años).
El consejero de Transición Energética, Mariano Hernández Zapata, resaltó en su primera intervención la importancia del cambio, introducido ya en el Decreto ley 8/2023 (del 6 de noviembre) aunque se ha preferido esta fórmula para que pudiera haber enmiendas. Una vez aprobado el cambio, agradeció el apoyo de todos los grupos. Según remarcó, “armonizar las sanciones y acabar con la incoherencia en los plazos de caducidad” resulta clave para aportar más seguridad jurídica y abordar problemas como los ceros energéticos y el déficit, “por lo que declaramos la emergencia energética”.
Los cambios ajustan la ley a la normativa estatal a la hora de resolver y notificar las sanciones y aclara qué administración es la encargada de cada multa (las más graves corresponderán al Gobierno regional).
Zapata insistió en que este es un paso relevante en la hoja de ruta para abordar los “problemas históricos de la energía”, visión que compartió con grupos como CC (que recalcó la importancia de acercarse a la realidad del día a día), AHI (que censuró la excesiva duplicidad), ASG y PP, partido que resaltó el impulso dado en este mandato.
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