Las siempre complejas relaciones entre Canarias y Marruecos, dos vecinos entre los que pese al recelo que presiden las mismas están condenados a entenderse por el bien común, vuelven a sufrir los efectos de las decisiones unilaterales con el inicio de unas maniobras navales por parte del vecino continental iniciadas el pasado viernes y que, durante los próximos tres meses, han motivado la prohibición de llevar a cabo cualquier actividad pesquera y similar en cuatro zonas reservadas para unos ejercicios sobre los que las autoridades de las Islas apenas conocen ni lo más básico. Todo ello, lógicamente, teniendo en cuenta que el interlocutor natural de Rabat en casos así está en Madrid, desde donde, vistas las demandas de información llevadas a cabo tanto por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como esta misma semana por parte del portavoz gubernamental autonómico, Alfonso Cabello, siguen sin ser satisfechas.
En concreto, fue al poco de conocerse el pasado día 21 un dictamen de la Abogacía del Tribunal Superior de Justicia Europea (TJUE) que rechaza el acuerdo pesquero de la UE con Marruecos si incluye capturas efectuadas en aguas del Sahara Occidental cuando las autoridades marroquíes, a través de su departamento estatal de pesca, desvelaron públicamente su intención de llevar a cabo estas maniobras, además de advertir sobre la citada prohibición de faenar en cuatro zonas cercanas al litoral marroquí. A este respecto hay que tener en cuenta que más del 60% de las licencias amparadas por tal acuerdo corresponden a empresas españolas.
Dicho veto a los pesqueros se extiende hasta el próximo 28 de junio, fecha en la que está prevista la finalización de estos ejercicios de la Armada marroquí, y corresponde a áreas próximas a las localidades de Dajla -antigua Villa Cisneros-, El Aaiún, Agadir y Sidi Ifni. Como quiera que se incluyen aguas correspondientes al Sahara Occidental y dada la correlación temporal de los acontecimientos ya relatada, todos los especialistas relacionan estas maniobras con el pulso pesquero que Marruecos mantiene con la Unión Europea ante la perspectiva de un fallo judicial contrario a sus intereses.
Sea como fuere, y a pesar de que un país soberano como es el vecino continental no tiene obligación alguna de comunicar cuándo y como va a realizar maniobras de estas características por mucho que sea común advertir a los vecinos por cuestiones tanto prácticas como diplomáticas, lo cierto es que la información que se maneja en Canarias, pese a que la distancia entre sus costas y donde se llevan a cabo las maniobras es de apenas unos 125 kilómetros, ha despertado notable inquietud entre sus autoridades, sin que las consultas elevadas al Gobierno de España sobre el tema hayan despejado incógnitas elementales como la naturaleza de dichos ejercicios militares y los medios intervinientes en los mismos.
Por su parte, la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, alertó esta semana de que la zona elegida por Marruecos es “un santuario de fauna” y una de las áreas más ricas en especies únicas, a la par que recordó la catástrofe acaecida en 2002, cuando un ejercicio naval de la OTAN causó una matanza entre los cetáceos del lugar achacado al uso de potentes sonares.
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