Alivio en Canarias tras garantizarse la estabilidad en el Gobierno de España

Más allá de las evidentes diferencias políticas existentes entre los partidos que comandan ambos ejecutivos, lo cierto es que la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España y, por ende -que es lo importante-, de su actual Gabinete al frente del país es una excelente noticia para los responsables económicos de la Comunidad autónoma de Canarias.
No en balde, y tal y como reconoció a mediados del mes pasado la mismísima consejera de Hacienda del Gobierno isleño, Matilde Asián, en el envite lanzado por Sánchez, tras cinco días en los que amagó con dimitir, abocando a la repetición de unas elecciones generales en cuanto el plazo legal previsto para ello se cumpliera, el próximo 30 de mayo, estaban en juego nada menos que 280 millones de euros ya previstos por las autoridades regionales.
Ello se debe a que, pese a prorrogarse los presupuestos estatales, el Gobierno de Sánchez garantizó que mantendría su pacto con Coalición Canaria tras el apoyo de la diputada estatal de los nacionalistas, Cristina Valido, a la investidura del líder del PSOE, de tal modo que hay un compromiso para actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica a través de una ley anticrisis, si bien Asián ya reconocía entonces que, desde el Gobierno regional, prefieren que se haga mediante un decreto ley, por ser más rápido en su tramitación parlamentaria.
La consejera explicó, en su día, que “ya teníamos preparado en qué gastarnos esos 280 millones, con un refuerzo de los servicios esenciales, cuando nos enteramos de que no habría presupuestos”, a la par que alertaba de que, si Canarias recuperara las entregas a cuenta, supondría una bajada de 448 millones, lo que obligaría al Archipiélago a hacer una retención de crédito; es decir, a bajar el gasto previsto en los presupuestos en 168 millones.
Sea como fuere, las condiciones expuestas por Sánchez para su continuidad abren debates del maximo interés, aunque por motivos distintos. Respecto a su anuncio sobre la necesidad de desbloquear al fin la renovación del Consejo del Poder Judicial, nadie discute que le ampara lo dispuesto en la Constitución sobre lo anómalo de su colapso.
Bien distinto es la posibilidad de articular una ley antibulos para poner coto a posibles excesos en la libertad de prensa, empezando por sus demoledores efectos para, paradójicamente, los gabinetes institucionales.