Se trata de un cargo que goza de la plena confianza de Jéssica de León, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias que, como anunció en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS el pasado septiembre, ha mirado de frente al problema de las viviendas vacacionales, al punto de que, ayer, se presentó un anteproyecto de Ley para así superar la normativa vigente, que, al datar de 2015, ha quedado claramente desfasada, dado que la dinámica de unos tiempos convierte esos nueve años en una eternidad.
El hoy director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez Martínez, recuerda que todavía hay tiempo para cambios y reconoce la llamativa aportación efectuada desde la participación ciudadana.
– ¿Es capaz de citarme sucintamente dos asuntos en los que la ciudadanía se beneficiará con este cambio normativo?
“La primera es que no se podrá destinar una vivienda para uso turístico sin que venga avalado por una decisión urbanística, ambiental, territorial y turística. Y se trata de un cambio sustancial, porque el Decreto de 2015 [todavía vigente en este asunto] permitía el cambio de uso sin establecer condicionante alguno. Pero, ahora, sabremos que el nuevo uso vacacional tendrá como base la planificación. Y la segunda es que, con esta nueva ley, podremos saber cuántas, cómo y dónde se destinan viviendas al uso turístico y, en ello, habrá participación ciudadana. No va a ser como hasta ahora, una cuestión de libre albedrío del ciudadano o a expensas de que lo que dicte el mercado”,
– Lo cierto es que los objetivos de la futura ley parecen claros…
“Por decirlo de alguna manera, podía haber sido una ley con un único artículo que dispusiera que, sin previa planificación urbanística, ambiental, territorial y turística no se puede destinar una vivienda a uso turístico. Y quisiera resaltar el control desde la perspectiva turística, porque, hasta ahora, nunca había existido”.
– ¿Por qué son los ayuntamientos la administración adecuada para regular las viviendas vacacionales? Hasta qué punto ha contado este anteproyecto de Ley con participación popular?
“Porque así lo dispone el artículo 56 de la ley vigente, pero, sobre todo, porque no es lo mismo el modelo, la planificación que necesita un municipio como Garafía o Puntagorda con lo que requiere San Bartolomé de Tirajana o Tuineje, por citar solo algunos ejemplos. La realidad es distinta en cada municipio”.
– ¿Hasta qué punto ha contado en este anteproyecto de Ley con participación popular?
“Ha sido fundamental y ha merecido la pena. Entre el 40 y el 50% del anteproyecto de Ley, es fruto de las aportaciones que han realizado los ciudadanos en temas como, por ejemplo, la autorización previa o lo de no homogeneizar con las Islas Verdes [La Palma, La Gomera y El Hierro] o, al menos, no tanto. Hay artículos de la actual normativa que cuesta imaginar que no duela la vista solo con leerlos y eso se ha puesto sobre la mesa. Sin duda, la participación ciudadana ha supuesto un cambio significativo”.
– ¿Cuántas viviendas destinadas al uso turístico hay en Canarias?
“Le doy el dato más reciente, que responde al 2 de abril [antes de ayer para el lector]: en total, había registradas 54.282”.
– Considerando que en Canarias hay poco más de un millón de viviendas, eso supone, a ojo de buen cubero, aproximadamente un 5% del total…
“Así es”.
– Luego, los márgenes del anteproyecto, que son del 10% (un 20% para las Islas Verdes), son generosos…
“Es cierto que son amplios, pero tenga en cuenta que, para ese 10%, el alcalde tendrá que motivar su decisión razonadamente antendiendo a indicativos de sostenibilidad. Y si el ayuntamiento no tiene medios, puede recurrir a los sistemas europeos”.
– ¿Qué pasa con el uso fraudulento de viviendas turísticas no reconocidas?
“Hay mecanismos para verificarlas y no necesariamente pasan por poner más inspectores. Por ejemplo, gracias al scrapring [raspado, en español], que es un escáneo de las plataformas para dar con ellas. La solución es sobre todo tecnológica”.
– ¿Espera cambios en el texto durante su tramitación?
“Por supuesto. Aún se puede mejorar e invito, desde aquí, a colegios profesionales, la ACAV, ciudadanos de a pie y a quien quiera hacer propuestas. Tengan por seguro que les escucharemos. Es una Ley importante para Canarias”.