En los 136 días trascurridos desde el 1 de enero al 15 de mayo del año en curso, un total de 1.205 migrantes menores de edad lograron sobrevivir a la llamada ruta atlántica, una de las vías de migración irregular más mortíferas del mundo, como reconoce Naciones Unidas. Así se recoge en los datos ofrecidos ayer en Arrecife por la fiscal jefe de Canarias, María Farnés Martínez, durante unas jornadas organizadas en la capital de Lanzarote por el Consejo General del Poder Judicial y en las que también participaron la vicedecana del Colegio de Abogados tinerfeño, Mila Pacheco, y la antropóloga Diana García Bardeci.
Esto supone una media de casi nueve menores al día, (concretamente 8,8), lo que da idea del esfuerzo que realizan las autoridades para acogerles lo mas dignamente posible, así como de lo profundamente insolidario que es la respuesta de la gran mayoría del resto de la comunidades autónomas españolas, que han abandonado a su suerte al Archipiélago bloqueando un reparto equilibrado.
Esta situación ha motivado un acuerdo entre el Gobierno de España y el de Canarias liderado por el ministro de Política Territorial, el arunquense Ángel Víctor Torres, y el presidente regional, el lagunero Fernando Clavijo, para que dicho reparto de los menores por todo el territorio estatal sea obligatorio desde que una CCAA esté saturada y tenga el 150% de su capacidad de acogida cubierto. Además, el pacto contempla que a los nuevos menores que lleguen de manera irregular se les asigne directamente otra comunidad y, tras un periodo de quince días, puedan ser derivados.
En el caso de Canarias, tal mecanismo se activará a partir de los 3.000 menores, cuando en la actualidad son atendidos más de 5.500 en las Islas, cifra que, sin duda, aumentará en lo que queda de 2024, año en el que ya se han batido todo tipo de plusmarcas de llegadas hasta ahora.
Dicho pacto, que se espera concretar esta misma semana y pueda entrar en vigor el próximo septiembre, no solo requiere del respaldo de un Partido Popular instalado en la duda de si estará o no condicionado por su temor a seguir perdiendo votos en favor de los ultraderechistas de Vox, sino resolver cuestiones técnicas, como las expuestas ayer por la fiscal jefe de Canarias, quien advirtió de que “todos los que trabajamos en esto sabemos que no es viable que podamos determinar la edad de los menores en solo 15 días”. Es más, recalcó Martínez: “Resulta muy peligroso perder de vista al menor si dejamos que sea en la comunidad de destino donde se determine”, porque, además, se corre el riesgo de duplicar procedimientos y plazos.
Sin embargo, la fiscal detalla en sus declaraciones -facilitadas por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias- que, pese al colapso sufrido en 2023, la dotación de medios para hacer frente a tal situación con fiscales y técnicos de la Guardia Civil de refuerzo llegados desde la Península ha surtido efecto, a tal punto que, de los aproximadamente 2.700 menores sin datar su edad a primero de enero, hoy en día apenas suman unos 60.
Esto tampoco es óbice, como también explicó ayer Martínez, para que casi un millar de menores llegados en patera o cayuco a Canarias desde enero del año pasado hasta hoy hayan sido enviados a centros para adultos porque se les filió erróneamente como mayores.
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