La posible apertura de un centro de migrantes en Santa Úrsula lleva cuatro meses siendo objeto de polémica entre los vecinos y vecinas del municipio y las diferentes administraciones que, pasado este tiempo, siguen manteniéndose firmes respecto a que no se contempla esta posibilidad. Ayer, este asunto tuvo un nuevo capítulo y novedades importantes, como la confirmación, por parte del portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, de que este proyecto cuenta con un informe desfavorable por parte de la oficina técnica municipal, y además, el desmantelamiento de las instalaciones por parte de la Asociación Quorum Social 77, la entidad encargada de la gestión de este recurso.
Es más, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, repitió ayer otra vez que el grupo de gobierno tuvo conocimiento de este proyecto por la carta que le remitió la comunidad de propietarios del edificio María Victoria. Allí funcionaba en la parte baja el gimnasio Hara Sport, cuyo dueño alquiló las instalaciones a la citada ONG para convertirlas en un centro de acogida de jóvenes migrantes en su tránsito a otras comunidades y países europeos.
En esa carta, a la que tuvo acceso en su momento DIARIO DE AVISOS, se informaba de que, en dichas instalaciones, ubicadas en el número 5 de la calle Rambla Doctor Pérez, “se va a desarrollar un proyecto de integración social llevado a cabo por una asociación que pertenece a la iniciativa de integración social de migración del Gobierno, tanto nacional como de Canarias”.
Debido a que, supuestamente, el ayuntamiento no tenía constancia de la apertura, se remitió a la consejería de Bienestar Social del Ejecutivo autónomo para confirmarlo. La respuesta del citado departamento fue que no había previsto ningún centro de menores.
La posibilidad de este centro generó también cierta oposición en el municipio por parte de algunos sectores vecinales que convocaron, junto a formaciones de ultraderecha como VOX, dos manifestaciones en contra de su implantación.
A posteriori, y según el alcalde, el ayuntamiento recibió una solicitud de información por parte de la citada ONG sobre la referencia catastral y el uso que se le podía dar a ese espacio. “Desde la oficina técnica municipal se elaboró un informe en el que se confirma que no cabe el uso residencial, debido a que se trata de un sótano que no reúne las condiciones ideales para la acogida”, indica Acosta. Es la misma explicación que ofreció el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, durante la rueda posterior al Consejo de Gobierno. No obstante, este periódico ha podido constatar mediante fotos aéreas que el centro contaba con una gran terraza al aire libre de 2.600 metros cuadrados.
DIARIO DE AVISOS reveló este domingo que las instalaciones de Santa Úrsula para albergar un centenar de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias permanecen cerradas pese a que, desde el Gobierno regional, se advirtió de la posibilidad de montar carpas en los muelles para atender el nuevo repunte migratorio. El centro dispone de una superficie de 2.600 metros cuadrados destinados a dormitorios, zona anexa de oficinas, recepción, baños y duchas diferenciadas para cada género, así como un área de juegos. Por eso, hasta ayer no se entendía por qué el centro no estaba operativo cuando la crisis migratoria en las Islas se ha agravado en las últimas semanas y el Ejecutivo mantiene conversaciones con todos los ayuntamientos y los cabildos para habilitar recursos.
A esto se añade la importante inversión realizada por la ONG para poner en marcha el proyecto de integración social, que además contaba con una subvención del Gobierno de Canarias, para poder alquilar las instalaciones y adquirir material técnico y el mobiliario necesario para afrontar de manera adecuada las necesidades de estas personas.
Según fuentes consultadas por este periódico, la ONG “se apresuró” a acondicionar este espacio sin contar con los preceptivos permisos locales y regionales, un requisito indispensable antes de poner en marcha un proyecto de estas características.