El portavoz de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, Eloy Cuadra, ha denunciado este jueves ante la Diputación del Común que en Tenerife hay familias a las que la empresa pública Visocan les “está cobrando alquileres de hasta 500 euros”, e incluso sin tener ingresos, además del cobro de un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) “que es ilegal”.
En declaraciones a los medios, ha señalado que tienen “infinidad de denuncias” de familias alojadas en viviendas de Visocan a las que se les aplica el decreto 321/2000 por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas de protección oficial, “que lleva 4 años derogado” y que fue sustituido por el decreto 32/2020 que ampara la posibilidad de paralizar el pago hasta seis meses si la familia no puede afrontar el alquiler.
Además, ha criticado el cobro del IBI a familias que perciben “muy poco” o que viven con una Prestación Canaria de Inserción o el ingreso mínimo vital “cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo que lo prohíbe”.
Cuadra ha asegurado que acuden al diputado del Común, Rafael Yanes, para denunciar y modificar el “escandaloso” régimen de funcionamiento de Visocan que “está sometiendo a una angustia, un terror y unas condiciones inasumibles” a las familias.
De momento no hay ninguna orden de desahucio para las familias afectadas, aunque el portavoz del colectivo ha censurado que Visocan “en sus informes internos” alega “muy contrariada” la existencia de una moratoria antidesahucio en España, por lo que ha manifestado que “parece que están esperando que se acabe para empezar a echar a familias a la calle”.
Eloy Cuadra ha explicado que Visocan posee alrededor de 4.500 viviendas sociales de familias con muy bajos ingresos, un número que alcanza en torno a 1.000 en La Laguna, y aunque no se ha detallado el número de familias afectadas, ha explicado que estas para entrar deben cumplir el 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, no pueden ganar más de 700 u 800 euros.
“Le hacemos un favor a Visocan, porque si las familias reclaman que les paguen el IBI que se les ha cobrado de más durante estos años van a tener un problema”, ha sentenciado.
El diputado del Común, Rafael Yanes, ha afirmado que trasladará a la futura diputada del Común, María Dolores Padrón, las reivindicaciones del colectivo y ha indicado que “Visocan no es una empresa privada que exista para ganar dinero”, sino “para garantizar un derecho constitucional a la vivienda”.
A raíz del asunto, Yanes ha reflexionado que el problema de la vivienda en Canarias se debe a que durante 30 años “no se ha planificado y se ha dejado paso al mercado libre hasta llegar a una situación insostenible en la que falta vivienda pública”.
Además ha apelado al modelo del alquiler social, que se calcula individualmente de acuerdo a la renta familiar disponible en un porcentaje de renta, “que ha funcionado en Europa” y que propuso en el Parlamento de Canarias en el informe extraordinario sobre la situación social de la vivienda en las islas.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas