Se acabó la impunidad de construir viviendas en suelo rústico de Canarias con la confianza de que la inacción de las autoridades consolide el derecho a las mismas gracias a la prescripción. Al menos, eso es lo que se desprende de las últimas actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ayer anunció el balance de un operativo a tal fin llevado a cabo en Gran Canaria y que ha deparado un total de 136 investigados. Pero a ello hay que añadir, tal y como desvela hoy DIARIO DE AVISOS, que idéntica misión acometen sus miembros en la Isla de Tenerife, a tal punto que solo en los últimos días han abierto hasta 19 expedientes por esta causa dentro del término municipal de San Miguel, concretamente en la zona de Las Zocas.
Respecto al servicio en Gran Canaria, denominado Operación Domos, se investiga a esas 136 personas como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio tras detectarse, desde el principio del año pasado, una proliferación inusual de construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos.
Demoler y restaurar
Entre las consecuencias de este tipo delictivo esta la obligación de demoler la obra y reponer a su estado original el espacio natural protegido.
El modus operandi es el mismo, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, por parte de los principales promotores, quienes proceden a la adquisición de fincas rústicas en las que el uso está muy restringido debido a su protección medioambiental, a un precio relativamente económico, para, luego, llevar a cabo su segregación y parcelación perfectamente delimitadas, que son vendidas posteriormente a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarán legalizadas en el tiempo por prescripción urbanística.
Además, estos promotores llegaban al punto de facilitar a los compradores dotaciones de servicios, tales como la construcción, de manera conjunta, de los cerramientos exteriores, colocación de portones de acceso a las subparcelas y hasta gestionando la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano, utilizando a un instalador autorizado falseando los boletines.
Posteriormente, los nuevos propietarios, sin contar con ningún tipo de licencia, construyen dentro de las subparcelas diferentes edificaciones de uso residencial, en su mayoría para segundas viviendas.
La Guardia Civil ha señalado que, como consecuencia de estas prácticas, se han creado núcleos poblacionales sin base legal alguna como ha ocurrido en Lomo Negro (en Arona, justo por encima de El Fraile).
Respecto a los avances en San Miguel, la investigación se centra en Llano Blanco, donde también abundan las segundas residencias.
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