La asociación Nuestro Patrimonio denunció ayer el derribo de la casa Pérez Soto, edificio de 1908 que se ubica en la calle Juan Padrón, esquina Monteverde, de la capital tinerfeña y que estaba incluido en la propuesta de nuevo catálogo de patrimonio arquitectónico municipal, aún en tramitación.
Este colectivo ciudadano para la defensa del legado histórico chicharrero expresa su “más enérgica protesta” por la demolición del inmueble, proyectado en su día por el arquitecto Antonio Pintor y Ocete y con “incuestionables valores patrimoniales, arquitectónicos e históricos”: derribo que “sienta un peligroso y gravísimo precedente”, dicen.
La asociación indica que el edificio, además de estar en el nuevo catálogo de patrimonio arquitectónico municipal, cuenta con el apoyo de funcionarios del Cabildo de Tenerife, que vienen defendiendo desde hace años darle a la casa Pérez Soto “un grado de protección legal”.
No obstante, matiza que, “ante el retraso en la toma de decisiones por la Administración pública, la empresa promotora ha reclamado ante los juzgados demoler el edificio y un magistrado ha reconocido este derecho, sin entrar en si tenía o no interés histórico y arquitectónico”.
El colectivo critica que el ayuntamiento “no modificara de forma puntual el catálogo vigente para proteger legalmente esta edificación, lo que la hubiera podido salvar, sino que optara por esperar a incluirla en el nuevo catálogo, cuyo trámite está siendo lento; máxime cuando se había levantado la suspensión cautelar de demoliciones decretada en su día con los inmuebles propuestos”.
La asociación recuerda que el promotor del edificio fue Enrique Pérez Soto, que vivió entre 1854 y 1925 y fue cofundador de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad. Cedió el bajo de su vivienda para que fuera la primera oficina de CajaCanarias, que se creó el 13 de abril de 1910.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, explicó ayer que la situación ha venido derivada tras la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de 2013, que arrastró también al catálogo de protección, por lo que ahora se actúa en base al catálogo de 1992”.
La edil comentó que “este hecho derivó en que a partir de 2018, promotores solicitaron licencias de demolición y surgió entonces la problemática con el Cabildo, que aseguraba que desde el Ayuntamiento no se podían otorgar licencias de derribo respecto de edificaciones que tuvieran valores, lo que provocó que desde el consistorio local se denegaran licencias de demolición de edificaciones que, aunque no estuvieran dentro del catálogo, tuvieran una serie de valores a proteger”.
Esto dio lugar a sentencias que determinaron que “el ayuntamiento tiene que conceder licencias de demolición respecto a edificaciones que no están dentro del catálogo de protección”, dijo González.
El colectivo esgrime su preocupación por la existencia de más edificaciones en igual situación en la capital que “podrán ser demolidas próximamente”.
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