Una situación prácticamente insólita que dura demasiado y con un horizonte que no invita al optimismo. Las dos bibliotecas públicas del Estado en Canarias, la de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas, adscritas a la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno regional, no han recibido ni un solo euro para dos partidas que explican, en gran medida, su razón de ser: la de adquisición de fondos bibliográficos y la relativa a la realización de actividades socioculturales.
Este crítico panorama de presupuesto cero lo atraviesan desde el pasado enero, con lo que, a escasas tres semanas de que concluya el primer semestre del año, prácticamente se asume que dicho periodo acabará con las arcas vacías y, lo que es aún peor, con el temor de que 2024 se convierta en un año en blanco. Así lo exponen a DIARIO DE AVISOS diversas fuentes cercanas a las bibliotecas, que además aluden a la no menos preocupante carencia que sufren en lo que tiene que ver con el capítulo de personal para garantizar un buen funcionamiento.
LABOR SOCIAL
La Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas, detallan las fuentes consultadas, habían logrado contar en los últimos años con un presupuesto estable en ambas partidas. Cada ejercicio se repartían al 50% unos 150.000 euros -esto es, 75.000 euros para cada una-, destinados a mantener sus colecciones bibliográficas, renovar los fondos y adquirir novedades. “Los usuarios se están quejando, y no les falta razón, pues era una práctica habitual que adquiriésemos continuamente las obras más recientes, aquellos libros que nos solicitaban, como si fuésemos una librería. No hay que olvidar que, dentro del servicio público que brindamos, una de nuestras misiones es facilitar el acceso a los libros a las personas que, por una u otra razón, no se pueden permitir adquirirlos”.
En cuanto a la partida que posibilita la realización de actividades socioculturales, en 2023, que fue el ejercicio en el que contaron con mayor financiación, los dos centros se distribuyeron a partes iguales una cifra cercana a los 180.000 euros. Este año, de momento, no hay nada que repartir. Y para desarrollar una programación mínimamente digna, “sin tirar cohetes”, apostillan las fuentes, se está recurriendo a hacer transferencias de crédito de otras partidas.
UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA
Hace dos legislaturas (2015-2019), con el nacionalista Fernando Clavijo de presidente del Gobierno de Canarias, como ahora, el Parlamento regional aprobaba la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias.
En su artículo uno, la norma expone que uno de sus objetivos es “establecer las bases y estructura necesarias para la planificación, creación, organización, funcionamiento, promoción, coordinación y evaluación del sistema bibliotecario de Canarias, garantizando el derecho de las personas usuarias, en igualdad de condiciones, al acceso a la información, al conocimiento y a la lectura en el marco de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías”.
El pasado año, durante el mandato que presidió el socialista Ángel Víctor Torres, el Ejecutivo regional constituyó el Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas, una herramienta que se inscribe en el desarrollo de dicha ley.
La primera reunión de este órgano colegiado tuvo lugar en febrero y estuvo presidida por la entonces consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, acompañada por Juan Márquez, el anterior viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural. Allí se abordaron el Plan de Lectura de Canarias 2023-2030, el Mapa de Bibliotecas de Canarias, el Reglamento de Desarrollo de la Ley, así como el Plan de Desarrollo Profesional de la Red de Bibliotecas.
“Para el curso de estas políticas bibliotecarias en 2023 -destacaba el exviceconsejero Juan Márquez en ese momento-, el presupuesto de la Viceconsejería de Cultura es de 6,2 millones de euros, lo que supone la mayor inversión en el área hasta la fecha, superando el 10% del total que exige la Ley de Lectura y Bibliotecas de Canarias”.
LA LECTURA
A esto se puede añadir que para el Plan de Fomento de la Lectura de Canarias 2023-2030 se estableció una dotación anual de 750.000 euros, destinada a todas las bibliotecas públicas de las Islas y con el objetivo de financiar “líneas de acción, crear oportunidades para promover la lectura en todas las etapas de la vida, concebir a las bibliotecas como laboratorios sociales, la revalorización de los mediadores de lectura y potenciar las comunidades lectoras”.
Sin embargo, de todo esto poco se sabe por ahora, una vez que desde el pasado julio hay un nuevo Gobierno de Canarias, con una Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura que encabeza Migdalia Machín y una Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural que dirige Horacio Umpiérrez.
Para hacerse una idea bastante precisa de la necesidad de cumplir la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias y, especialmente, el Plan de Fomento de la Lectura de Canarias 2023-2030, se puede acudir a un estudio presentado en 2022 por la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid): Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España.
Elaborado por Óscar Arroyo Ortega, actual director de la Biblioteca Nacional de España y en ese momento jefe de Servicio de Bibliotecas, Libro y Lectura de Castilla-La Mancha, este análisis, entre otros aspectos, planteaba la siguiente pregunta: ¿cuánto invierte por habitante cada comunidad autónoma en las bibliotecas públicas? La respuesta es tristemente reveladora. Cataluña encabeza el ranking con 16,42 euros por habitante. Canarias lo cierra: 5,78 euros por habitante.
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