Los alcaldes del norte de Tenerife no disimulaban ayer su asombro al conocer la noticia desvelada en exclusiva por Diario de Avisos. El centro más moderno de Canarias para la acogida de inmigrantes, totalmente equipado y con una dotación logística a estrenar, preparado para acoger al menos a 100 menores no acompañados, se encuentra cerrado y sin estrenar desde hace tres meses, mientras las autoridades competentes -por motivos desconocidos- miran hacia otro lado.
Estos días, al vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez, se le ha llenado la boca con el tópico de “estamos desbordados y la situación es desoladora”. Mientras, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha pretendido ser original refiriéndose la crisis migratoria con otra socorrida afirmación: “Estamos en situación de guerra y tenemos que montar carpas en los puertos”. Podría alguna de estas mentes preclaras, o el mismísimo portavoz Cabello, facilitar una razonable explicación de por qué un centro de acogida, ubicado en una moderna instalación de casi 3.000 metros cuadrados, dotada de dormitorios, comedores, sala de deportes y zonas de ocio, permanece cerrada a cal y canto, mientras ya se ha iniciado la contratación de carpas para instalar en muelles. Y, sobre todo, podrían explicar cómo con subvenciones públicas la asociación Quorum Social 77, que desarrolla su actividad principal en Gran Canaria, ha alquilado este antiguo gimnasio, ejecutando una considerable inversión, adquiriendo más de un centenar de camas, equipamiento para comedores, etc., y además se puede permitir el pago de rentas elevadas.
Como mínimo resulta todo muy sospechoso. Y también, abusando de la definición, muy, pero que muy sospechoso, es el silencio del alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta. Confiemos en que las explicaciones comiencen a fluir.
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