El Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles un “plan de choque” para reforzar la atención de los menores migrantes que tutela el Ejecutivo, con la incorporación inmediata de 39 trabajadores a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.
“El Ejecutivo autónomo adopta esta medida extraordinaria para acelerar la tramitación de los expedientes administrativos de los más de 5.500 niños que en la actualidad acoge en solitario”, ha apuntado el Gobierno autonómico tras la reunión de su Consejo de Gobierno.
El objetivo es asimismo preparar el sistema de atención para la llegada de nuevos menores prevista en los próximos meses.
El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno declara “el carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Canarias” lo que determina la “necesidad de incorporar profesionales de trabajo social y administrativos para dar respuesta, entre otros, a la tramitación de documentación, comunicaciones a la fiscalía, reunificaciones familiares y seguimiento social, traslado a la península u otros territorios de la Unión Europea o protección internacional”.
El acuerdo adoptado este miércoles por el Consejo de Gobierno cuantifica en 2,2 millones de euros el coste de este plan extraordinario: 582.000 euros desde agosto a diciembre de 2024 y 1,2 millones para el próximo ejercicio presupuestario.
El artículo 57.1 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, establece que no se podrán realizar nombramientos de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal y sustituto, “salvo en casos excepcionales y para atender necesidades urgentes e inaplazables debidamente justificadas, siempre que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria, con objeto de garantizar la prestación de los servicios a la ciudadanía y el funcionamiento de la Administración”, apunta el Ejecutivo.
En la actualidad, la comunidad autónoma acoge en solitario más de 5.500 menores migrantes no acompañados distribuidos en 80 dispositivos, la mayoría de ellos abiertos con urgencia gracias a la declaración de emergencia migratoria decretada por el Gobierno de Canarias el 1 de agosto del año pasado.
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