Una pareja ha aceptado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que son autores de un delito de estafa, por vía informática, que ascendió a 161.500 euros y otro imprudente de blanqueo de capitales, por lo que al hombre se le impone una pena de tres años de cárcel y a la mujer de seis meses, así como una multa de 2.434 euros.
Como responsabilidad civil el condenado deberá hacer frente a 27.000 euros que es la diferencia entre el total y 134.200 euros que son cargos fraudulentos a clientes de bancos de los que 74.000 euros pagaron estas entidades y el 60.500 aún no lo han sido.
La acusada recibió de su pareja que actualmente está en prisión provisional por estos hechos, el papel de acudir a diversos puntos de recogida de los productos una vez que el hombre le daba los correspondientes códigos, retirando hasta en cuatro días diversos aparatos.
Todo ello, “sin ningún tipo de preocupación sobre el significado económico y jurídico del encargo que desempeñaba, a pesar de que no aparecía nunca en los pedidos el nombre de su pareja”, de manera que llegó a recoger diez artículos por un valor total de 3.500 euros.
Según el fallo, ambos hicieron acopio de información personal de miles de personas, tales como nombres, DNI, números de teléfono y datos de cuentas bancarias y valiéndose de la misma y de técnicas como el envío masivo de correos electrónicos a empresas y particulares se hacían pasar por sus respectivos bancos.
A continuación advertían a los clientes de problemas con sus datos y facilitaban un enlace fraudulento a través del cual el usuario era redireccionado a una página web falsa, donde se les requerían datos confidenciales, consiguiendo acceso a sus cuentas y tarjetas.
A partir de aquí suplantaba su identidad y realizaba numerosas operaciones de compra de productos electrónicos por medio de la páginas web de venta online y luego eran recogidas en tiendas físicas que las depositaban en buzones cuya clave era enviada al teléfono que se le facilitaba al hacer el pedido.