La portavoz de Intersindical Canaria en materia de dependencia, Yolanda Cívicos, alertó ayer a la Diputada del Común, Lola Padrón, que la nueva normativa regional sobre esta materia no redundará en beneficio de las personas, “sino que pone en riesgo el sistema garantista”. El borrador del nuevo decreto elaborado por el área de Bienestar Social del Gobierno canario pretende regular y agilizar el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en el Archipiélago. Sin embargo, el sindicato se muestra en contra de esta normativa, que, según Cívicos, recibió unas 80 alegaciones y solo fueron tenidas en cuenta 46.
La portavoz expresó que “no se recoge de manera clara los perfiles profesionales, las funciones, la formación que recibirán, ni los mecanismos de coordinación que puedan asegurar un procedimiento garantista con seguridad jurídica”. Además, “no se menciona como se trabajará en erradicar la feminización de los cuidados o potenciar su profesionalización”.
Hasta ahora, en Canarias ha existido un sistema bifásico; es decir, que la resolución de la situación de dependencia y las prestaciones asociadas a la ley se realizaba con la asistencia de dos profesionales al domicilio del solicitante. En primer lugar, un evaluador o evaluadora que determinaba el grado de dependencia del ciudadano y, posteriormente, otro profesional decidía el programa de atención individualizada (PIA), las ayudas a las que tiene derecho.
Con el sistema monofásico que propone la nueva normativa acudirá al domicilio un solo profesional y, si se determina que la persona cuenta con un grado de dependencia, en el mismo instante se elaborará el PIA. “De esta forma, efectivamente reduciremos el tiempo de tramitación”, pero “no es suficiente con una valoración única para simplificar, si se trata a la gente como meros números, y no está centrado en la persona con un modelo individualizado de cara a las mini residencias, viviendas colaborativas y mantener al usuario en el entorno, porque dista muchísimo de la realidad”.
El baremo “describe la situación real de las personas y, si no deja constancia de su estado, puede llevar a que puedan salir sin grado y quedarse fuera del sistema o le puede salir un grado I y realmente te corresponde un grado II, III o al revés”, alertó IC. Cívicos recalcó la necesidad del aumento de personal, el control de la externalización y la formación que reciben quiénes entran a formar parte del equipo, sin olvidar el aumento de la inversión pública.
Por su parte, Padrón destacó que lo que reclaman “no es solo mayor dotación de personal, sino la profesionalización de las personas que van a realizar el trabajo y el control de las empresas a las que se contrata” de forma externa y preguntó si no era posible un término intermedio: “El interés de los y las ciudadanas es lo importante, y la ayuda económica es vital, son familias lo que hay detrás”. Afirmó que “vamos a hacer un seguimiento, sobre todo en discapacidad”, y mostró su preocupación por la contratación de empresas externas y su capacidad para desarrollar ese trabajo.
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