En la mañana de ayer, y como anunció en exclusiva a comienzos de esta semana DIARIO DE AVISOS, un reconocido inversor británico y su equipo de letrados presentaron en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife una querella criminal por la comisión de los delitos de falsedad en documento público y estafa, presuntamente cometidos por el accionista mayoritario del Club Deportivo Tenerife, José Miguel Garrido, y las personas jurídicas, es decir, las sociedades de su propiedad: Eolus Capital Limited, radicada en el Reino Unido, y la mercantil española, Only One Way, S. L., de la que es administrador único su hermano y en la que, curiosamente, figura como apoderado Santiago Pozas, actual consejero y director general del Club Deportivo Tenerife.Los delitos que fundamentan la querella, según las informaciones de DIARIO DE AVISOS, están relacionados con la compraventa del 10 por ciento de las acciones del Club Deportivo Tenerife por un importe de 3,5 millones de euros, de los que el inversor británico abonó a Garrido un millón de euros en concepto de adelanto. Esta transacción, recogida en escritura pública en una notaría tinerfeña, estaba sujeta a condiciones suspensivas, en el supuesto de que no se cumpliese lo recogido en el acuerdo elevado a público. El pago de los restantes 2,5 millones de euros se realizaría en un periodo máximo de 15 días posterior a la conclusión de la ampliación de capital del Club Deportivo Tenerife, que terminó el pasado mes de marzo.
En el mismo acto de la compraventa, se firmó un acuerdo en escritura pública ante el mismo notario, por el que el inversor inglés sindicaba las acciones adquiridas en favor de la sociedad Eolus Capital Ltd, propiedad de José Miguel Garrido.
En dicha escritura de compraventa, además, se recoge expresamente que el querellado debía otorgar, en documento notarial aparte, una garantía pignoraticia sobre 10.388 acciones del Club Deportivo Tenerife. Según ha manifestado a este periódico el propio inversor inglés, él mismo decidió aceptar de buena fe la propuesta de Garrido de proceder con ese documento en un plazo máximo de 48 horas. Este extremo también se recoge literalmente en la referida querella.
La entrega de dicha escritura no se produjo en el transcurso de las siguientes semanas, a pesar de los reiterados requerimientos del inversor. Finalmente, Garrido dio traslado al inversor, un mes más tarde, de una escritura unilateral de prenda sin desplazamiento de la posesión, como se denomina legalmente a este reconocimiento, que según recoge el texto de la querella “resultó ser una grosera falsificación de un documento notarial, cuya lectura no tiene desperdicio”. Siempre según el contenido de la querella, el documento público supuestamente manipulado es un borrador que puede haber sido confeccionado inicialmente en la misma notaría, “en el que coincide el tipo de letra utilizado en las dos escrituras notariales anteriores”. En dicho documento con apariencia absoluta de escritura pública, no figura el obligado número de protocolo pero se insiste reiteradamente en la intervención del notario en dicho acto (páginas 1, 3, 4, 5, 6. 7, 10, 11 y 12), “lo que resulta absolutamente falso”, sostiene la querella.
El supuesto montaje concluye atribuyendo al notario su intervención y dación de fe, pero, paradójicamente, quien firma la misma es únicamente el querellado, José Miguel Garrido, en el lugar y espacio previsto para la rúbrica del notario.
Cuando el inversor británico recibe este supuesto ejemplar de escritura pública de prenda, su obvio desconocimiento de los matices en los procesos legales en España y la seguridad de que había firmado con el mismo notario las dos anteriores escrituras, junto a la explicación recibida de que en esa escritura de prenda no se requería su intervención, le hace pensar que el documento cursado es correcto y, por tanto, queda pendiente de la ampliación de capital del club, que finalmente fue aprobada por la junta general de accionistas del 12 de diciembre de 2023. El inversor británico jamás sospechó que el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife pudiese acometer un supuesto engaño de esta magnitud.
Delito de estafa
En virtud de la fraudulenta escritura de prenda sobre 10.388 acciones, el inversor británico habría quedado a la espera de acudir, tal y como contempla el artículo 13 de los estatutos sociales del club, al proceso de ampliación de capital y suscribir acciones con cargo a las mismas, por ser el acreedor pignoraticio el titular de dicho derecho. Ello le hubiera permitido suscribir más de 35.000 nuevas acciones del club al precio de 10 euros por cada una, que se adicionarían al 10% del total de la entidad, que habría comprometido en la escritura de compraventa con Garrido (unas 52.000).
Finalmente, las alarmas en el entorno del inversor se disparan, cuando se constata que quien acude a la ampliación de capital es el propio José Miguel Garrido, contraviniendo incluso los acuerdos de la junta general de accionistas en la que él mismo participó y votó afirmativamente, y en la que se estipula expresamente que el derecho de acudir a la ampliación de capital de las acciones en prenda correspondía exclusivamente a los acreedores pignoraticios de dichos títulos. Es decir, en el caso que nos ocupa, este derecho correspondía únicamente al inversor británico.
Garrido no informó al club
Los derechos adquiridos por parte del nuevo accionista (el inversor inglés) se vieron cercenados, lo que imposibilitó su participación en el proceso de la ampliación de capital, al no constar en el libro de registro de acciones del club la escritura de pignoración de títulos, ya que, por razones obvias, Garrido no podía presentar el supuesto documento falso que había hecho llegar pocos meses antes al inversor, pues eso le hubiera impedido la suscripción a su nombre de las referidas 35.000 acciones, de las que se habría apropiado en detrimento del inversor.
Nuevas querellas
Según fuentes jurídicas consultadas por DIARIO DE AVISOS, ante la aparente gravedad de estos hechos, que recoge detalladamente la querella criminal presentada ayer por los representantes legales del inversor ingles afectado, todo hace suponer que tanto el notario tinerfeño, cuyos protocolos fueron supuestamente falsificados, como el propio club y los accionistas con los que Garrido mantiene un acuerdo de sindicación de acciones pueden estar estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales, igualmente de carácter penal, contra el principal accionista mayoritario del Tenerife.
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