La gran mentira

En las sentinas de los partidos se elaboran estrategias que, por lo común, se fingen ingeniosas, coherentes y honestas, aunque supongan un insulto a la inteligencia. Es una táctica, una práctica habitual en la que se prodiga últimamente el principal partido de la oposición, en aquello que tanto le radicaliza, la política migratoria.

Como es sabido, el PP acaba de romper las negociaciones orientadas a reconducir en el Congreso aquello que con su voto negativo contribuyó a que fracasara: la reubicación forzosa de menores no acompañados de la inmigración africana, acogidos (y hacinados) en Canarias, por la falta de solidaridad de las comunidades autónomas, la mayoría en manos del Partido Popular.

Las Islas se quedaron completamente solas ante el problema desde aquella marcha atrás ordenada por Feijóo en las vísperas de la votación, cuando reunió a su Junta Directiva Nacional en un hotel de Madrid, para remarcar que la inmigración aboca a la inseguridad. Suya es esta sentencia lacerante en aquella cita del 22 de julio: “Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”. Al día siguiente, el PP votó en contra de la reforma de la ley de Extranjería, que facilitaba la redistribución de los menores en el resto del Estado. Desde entonces, hemos asistido a la yenka del PP sobre el tema: “Adelante, detrás, un, dos, tres”. Y el sábado dio un paso atrás, ya como reincidente.

Una carta de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y la comparecencia, ante el comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, del director general de Frontex, Hans Leijtens, sirven de combustible a la explosiva espantada del PP. Von der Leyen, el 25 de septiembre, puso al día, en una respuesta por escrito a la eurodiputada popular Dolors Montserrat, de la ayuda que presta la UE a España en la asistencia migratoria y de las nuevas vías establecidas “de solidaridad permanente, obligatoria y flexible”. Para el mecanismo de solidaridad voluntaria, se ofrecía de mediadora entre España y los países que estuvieran dispuestos. El PP vio los cielos abiertos: que se coman el marrón ellos, los socios comunitarios, y nosotros nos libramos de tener que criar a estos niños de África hasta que cumplan 18 años. Amén. Toda una lección de resignificación del patriotismo. Pero esa carta exigía una lectura no precipitada.

Al PP también le excitó vivamente escuchar al responsable de Frontex, el 4 de septiembre, alardear de que podía hacer un despliegue de efectivos en Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia para frenar milagrosamente los flujos migratorios hacia Canarias. Eso sí (y esto regaló los oídos al PP), “si lo solicita el Gobierno español”, dijo, pero no contó toda la verdad.

Con ambas revelaciones devastadoras para el sanchismo, en Génova, el cuartel general del PP que preside Núñez Feijóo, creyeron encontrar suficiente artillería para reventar las negociaciones con el PSOE vendiendo la moto de que la culpa era del Gobierno, que no había pedido ayuda ni a Von der Leyen ni a Frontex. El portavoz popular, Miguel Tellado, al anunciar nos vamos (era cuestión de fecha, a nadie cogió por sorpresa), le hacía una trastada al presidente canario, Fernando Clavijo, el más optimista de los negociadores (gobiernos central y regional y PP, justo cuando este miércoles piensa viajar a Marruecos para abordar la inmigración.

La principal víctima de este doble juego de Feijóo es su hombre en Canarias, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, el más consciente en el PP del coste suicida electoralmente que ya reflejan las primeras encuestas sobre el tema. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, había segado sus esperanzas al presentarlo en un foro en Madrid, avanzando cuál sería, al día siguiente, la postura oficial de los conservadores: rajarse y tirar abajo la carpa de las negociaciones bajo una gran mentira.

Volvemos, por tanto, a la casilla de salida. ¿Cuál es la gran mentira? Respecto a Von der Leyen, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, de acogida obligatoria, entrará en vigor en 2026 y cualquier decisión anterior será voluntaria. Ningún país ha dado muestras de tal generosidad y, como es obvio, para apelar a ella, lo menos que debe hacer España es predicar con el ejemplo. ¿Qué éxito tendría tocar en puerta ajena si las propias autonomías se inhiben? El PP pretende tal cosa.

La falacia ya había quedado al descubierto al reconocer el propio director general de Frontex el pasado 27 de septiembre que su oficina no puede actuar con fines disuasorios en ningún país africano. Es falso que tal cosa dependiera de la mera solicitud española, la UE lo negocia país a país. El nuevo reglamento de Frontex le da poderes reforzados para participar en operaciones conjuntas en territorios vecinos, previo acuerdo de Bruselas con los gobiernos respectivos, y la UE ya lo intenta en la actualidad con Senegal y Mauritania. Frontex sí tiene vía libre en países balcánicos como Albania, Macedonia y Bosnia y Herzegobina. Pero nada más. Su operación Canary Islands consiste en apoyar a las autoridades locales en la gestión de los migrantes desembarcados. Pura burocracia; los sueños del PP de un blindaje marítimo de fronteras en África no está en sus manos por ahora.

¿A qué se reduce todo este montaje? El PP -es un secreto a voces- desiste de firmar acuerdos de cierto calado con el Gobierno de Sánchez. Por tacticismo político. Y está en su derecho. Ha mareado la perdiz, una vez más, y vuelta a empezar. Están convencidos de que endurecerse en el relato migratorio les aupará en las urnas, aunque los sondeos sobre este particular en España disientan. La gente aquí, por la razón que sea, es más sensible y humanitaria que en la generalidad de Europa, donde la inmigración irregular desata, en efecto, odio y racismo. Que son bienvenidos para quien lo promueva.