El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, anunció ayer que “vamos a impulsar un recargo en el IBI a las viviendas que se encuentran vacías” en el municipio, “con el objetivo de que se pongan en el mercado para la gran demanda que tiene la ciudadanía”, y para lo que “estamos viendo ya un estudio en profundidad para después realizar una ordenanza específica”. En la actualidad, el municipio cuenta con un total de 5.123 viviendas vacías, dato obtenido a partir de los datos anuales de consumo de agua, que suponen el 6,91% de las más 74.000 residencias contabilizadas.
Este es uno de los datos que arroja el informe elaborado por la Fundación General de la ULL, por encargo del ayuntamiento a través de Muvisa, para conocer la situación socioeconómica de la vivienda en La Laguna y que fueron dados a conocer ayer en rueda de prensa.
Respecto a esta futura ordenanza, el alcalde apuntó que “primero daremos audiencia a los propietarios de las viviendas vacías para conocer su realidad, para a partir de ahí tomar decisiones”. Y recordó que la ley estatal de vivienda es “clara” y que señala que los inmuebles deben de llevar desocupados como mínimo dos años, entre otras condiciones. En este sentido, el concejal de Vivienda y presidente de Muvisa, Adolfo Cordobés, añadió que dicha ley estatal “acota qué viviendas se consideran como vacías y el recargo, que está situado entre el 50% y el 150% dependiendo del número de casas vacías que tenga ese tenedor y la temporalidad”.
De este total de 5.123 viviendas vacías detectadas, tres de cada cuatro se sitúan en los distritos 1 (centro), 2 (La Cuesta, Finca España) y 3 (Taco, Las Chumberas, Geneto).
El análisis jurídico incluido en este estudio también detalla que el inicio, la tramitación y la resolución del procedimiento declarativo de vivienda deshabitada corresponde al Instituto Canario de la Vivienda y que ha de crearse un registro regional, que no consta a los redactores del informe, según apuntaron desde el ayuntamiento en una nota posterior.
En el estudio también se analizó la situación de la vivienda vacacional en el municipio, que representa solo el 1,4% del total de residencias, conforme a los datos del registro regional de junio de este año, encontrándose sobre todo en la costa del municipio y el centro. “Si bien es un dato de escasa relevancia, estamos muy pendientes de los cambios normativos en este ámbito para actuar en consecuencia”, manifestó Luis Yeray Gutiérrez.
En concreto, los datos apuntan a un total de 1.017 viviendas vacacionales en el registro regional, lo que supone 328 más respecto a abril de 2023, cuando se publicó el anteproyecto de ley de alquiler vacacional de Canarias.
El director del equipo redactor del informe, Eduardo Parra, afirmó que “ya llevamos desde 2018 analizando el tema de la vivienda vacacional en Canarias y los datos que nos arrojaban en el caso de La Laguna no suponían un impacto muy importante”. De hecho, valoró que “lo que sí que hemos ido viendo es que esa vivienda vacacional en las áreas donde se están desarrollando, generan economía local, riqueza y empleo”.
Zonas tensionada
En cuanto a la posible declaración de zonas tensionadas en el municipio, desde el ayuntamiento se apuntó en el comunicado posterior que el estudio señala que, a partir de los datos disponibles, no se dan las circunstancias recogidas en la Ley de Vivienda para esta declaración.
“La imposibilidad de acceder a datos actualizados y con la desagregación adecuada de fuentes tributarias ha impedido realizar el cálculo de zonas tensionadas del municipio”, según declaraciones de Eduardo Parra en la nota. En concreto, en el informe se recoge que “una primera aproximación nos indicaría que ninguno de los seis distritos se encuentra en esta situación”.
“El estudio destaca las dificultades para acceder a datos económicos de otras administraciones, que complican la elaboración, por parte del municipio, de una posible solicitud fundamentada de declaración de zonas tensionadas. Esta situación ejemplifica lo manifestado recientemente por la Fecam sobre la necesidad de un procedimiento tutelado por la Administración regional”, valoró el alcalde en el comunicado.
Asimismo, en la rueda de prensa, el regidor local también apuntó a “las dificultades que provocaría la puesta en marcha de esta zona tensionada en el municipio”, ya que obligaría a “convertir, en un plazo de 20 años, el 20% del total de las viviendas en sociales, lo que supondría una inversión de 1.500 millones, y crear un nuevo distrito de más de 15.000 viviendas”. Por lo que abogó por “rigor y seriedad” cuando se habla de este tema.
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