El sector cultural en Canarias enfrenta una problemática recurrente y dañina: la violencia administrativa ejercida por el retraso en la publicación de convocatorias, resoluciones y abonos de subvenciones por parte de administraciones públicas.
La mejor prueba de ello son instituciones como el Gobierno de Canarias (que incluye las de 2023), el Cabildo de Tenerife (paralizada por recursos de asociaciones y empresas en sus convocatorias) y distintos ayuntamientos de la isla, destacando el Consistorio capitalino con sus dos convocatorias sin resolver (aún el jurado no se ha reunido para emitir su resolución provisional, lo que esto supone en plazos hasta llegar al abono).
Esta situación no solo pone en jaque la sostenibilidad económica de los proyectos culturales, sino que también deteriora el tejido creativo y profesional del Archipiélago.
Son numerosos empresarios del sector cultural que se han encontrado en este 2024 con graves problemas para afrontar los proyectos culturales que organizan, con situaciones extremas de tensión de tesorería de sus empresas, créditos pendientes, pólizas agotadas y la resiliencia con el propio sector a través de la confianza con sus proveedores para retrasar abonos pendientes, que escenifica un ecosistema cultural deteriorado por la incapacidad de gestión de las administraciones públicas.
Retrasos que asfixian al sector
Alfredo -nombre ficticio- es un pequeño empresario del sector cultural tinerfeño que se encuentra inmerso en esa situación de violencia administrativa: “El diseño y desarrollo de iniciativas culturales dependen en gran medida del apoyo financiero público. Sin embargo, los retrasos en las convocatorias y la falta de planificación en los abonos generan incertidumbre y precarización. Muchos proyectos no pueden comenzar o deben ser pospuestos, mientras los artistas, gestores culturales y asociaciones cargan con los costes iniciales sin garantías de reembolso oportuno”.
En el caso de Tenerife, se ha señalado en repetidas ocasiones la demora de las ayudas culturales por parte del Cabildo y varios ayuntamientos. Estas prácticas “no solo incumplen plazos legales establecidos en bases reguladoras”, sino que también tienen un “impacto directo en la programación cultural de la isla, afectando tanto a los creadores como al público”.
¿Por qué se considera violencia administrativa?
El término violencia administrativa se aplica cuando las decisiones o la falta de acción de las instituciones afectan negativamente a la vida de las personas, generando estrés financiero y emocional. “En el caso del sector cultural, los retrasos sistemáticos se traducen en una falta de respeto hacia los profesionales y su trabajo, imponiéndoles cargas adicionales que comprometen su bienestar y el desarrollo de sus proyectos”, reconoce.
“Esto repercute en mi familia y, por lo tanto en mi día a día. La situación llega a ser insostenible”, admite con tono de tristeza y, además, de desesperación.
Las posibles soluciones
El caso de Alfredo, que afecta a muchos empresarios, no es, ni mucho menos, el único, por lo que piden “soluciones pronto” a las administraciones. Considera fundamental la planificación y cumplimiento de plazos: “Las administraciones públicas deben diseñar calendarios claros y deben cumplir con los plazos para evitar los efectos de la burocracia en el sector”.
Además, destaca que es fundamental una “mejor comunicación” ya que son los organismos los que “deben informar de forma transparente sobre el estado de las convocatorias y los procesos de pago”.
De trasfondo, la sensación existente en el sector cultural de que debe tener su reconocimiento como “motor económico” ya que la cultura “no debe ser tratada como un lujo o una actividad secundaria, sino como un eje central del desarrollo social y económico”.
Por último pide un “compromiso real” de las administraciones públicas con “tiempos más ágiles y una gestión eficiente” para garantizar el futuro del sector: “Sin ello, la violencia administrativa seguirá siendo un lastre para la creatividad y el crecimiento cultural del Archipiélago”.
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