La consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias informó ayer de que el Ejecutivo deberá devolver las sanciones millonarias impuestas a las compañías eléctricas responsables de ceros energéticos totales o parciales en las islas desde 2018, con sentencias en firme.
Esta devolución de importes que habían abonado las entidades sancionadas, por valor de 49,66 millones de euros, surge como consecuencia de una caducidad en los tiempos de tramitación de los procedimientos sancionadores, resalta el Gobierno en una nota.
El consejero, Mariano Hernández Zapata, aseguró ayer que dicho pago “es resultado de una nefasta gestión por parte del anterior Gobierno”, ya que, “al iniciar trámites para pedir indemnizaciones, no tuvieron en cuenta los cortos plazos para su gestión”, por lo que ahora deberán “pagar todos los canarios las consecuencias”.
Hernández Zapata también quiso recordar que algunas de ellas “hacen referencia a los ceros energéticos sufridos en 2018, 2019 y 2020 en Tenerife y La Palma”, donde el Gobierno “anunció a bombo y platillo” sanciones millonarias que ahora se deben “devolver, y además con intereses, elevando esa cifra a más de 50 millones por falta de una tramitación adecuada”.
Asimismo, el consejero puso de manifiesto que dichas sanciones deberán abonarse ahora y no antes “al determinarse en los tribunales recientemente estas consideraciones y dictarse sentencia en firme, ante recurso de las empresas afectadas por estos plazos”.
Ante este problema, quiso destacar que, en apenas cinco meses al frente del Gobierno, se puso “solución al problema”, modificando la Ley 11/1997 del 2 de diciembre de regulación del subsector Eléctrico Canario, que contó con el consenso unánime del Parlamento canario.
De este modo, según explicó Hernández Zapata, “garantizamos que, ante futuros casos, contemos con una ley que dé mayor seguridad jurídica en todo el procedimiento sancionador, ampliando los plazos de los tres meses que se contemplaban a los 18 meses que recoge la ley estatal”.
Gracias a ello, apuntó el consejero del PP, “en caso de necesidad, el Gobierno podrá contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico que cometan algún tipo de infracción muy grave, y que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general, evitando repetir así los errores del pasado”.
El responsable del departamento también recordó que, a pesar de que el Gobierno está haciendo todo lo posible por evitar posibles ceros energéticos, Canarias se encuentra “en situación de emergencia energética”, una acción declarada por el actual Ejecutivo a pesar de contar con todas estas sanciones y un informe del operador del sistema desde 2019, alertando del déficit energético en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
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