El Plan Especial de Inspección de Trabajo en Canarias llevado a cabo entre los días 4 y 24 noviembre ha concluido con 3.333 actuaciones y la detección de 425 empleos irregulares realizadas por 24 funcionarios entre inspectores de Trabajo y la Seguridad Social; y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social desplazados desde otras CCAA autónomas.
En este periodo se realizaron 1.019 visitas a empresas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife en el marco de la campaña relativa al control del empleo sumergido en distintos sectores de actividad económica, según informa el Gobierno regional en una nota de prensa.
De esta manera, han aflorado 425 empleos y se han identificado 168 trabajadores –106 hombres y 62 mujeres– sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y que no tenían ningún tipo de contrato de trabajo.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, valoró el resultado de las actuaciones “que, además de sacar a la luz situaciones de fraude en el mercado laboral que nos perjudican a todos, porque hablamos de personas que no están dadas de alta en la Seguridad Social, entre otras malas prácticas, persigue garantizar los derechos laborales de los trabajadores”.
En este escenario, la actividad de la Inspección de Trabajo detectó a 12 beneficiarios de prestaciones que compatibilizaban el cobro de subsidios incompatibles con la realización de un trabajo, lo que supondrá que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dejará de pagar un total de 111.437 euros.
Asimismo, se contabilizaron 39 extranjeros no comunitarios trabajando sin la correspondiente autorización de trabajo y residencia y han pasado a jornada completa 218 trabajadores con contrato a tiempo parcial, 85 mujeres y 133 hombres.
Con todas estas actuaciones se ha conseguido que 381 personas trabajadoras tengan reconocida su relación laboral completa, especialmente de aquellos que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
Por otro lado, se han levantado o extendido actas con un total de 344 infracciones, con propuestas de sanciones por un valor total de 1.181.557 euros y distribuidas de la siguiente manera por razón de la materia.
Referidas a la Seguridad Social, 539.597 euros; en materia de extranjería, 385.093 euros; por obstrucción a la labor inspectora, 137.267 euros, y en materia de relaciones laborales, 119.654 euros.
Por último, se han diligenciado un total de 226 requerimientos a las empresas visitadas, 108 en materia laboral y 118 de Seguridad Social, que además de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores afectados pone de manifiesto “que este Plan no tiene ánimo sancionador, sino que sirva como instrumento para mejorar las condiciones laborales de muchas trabajadoras y trabajadores, así como la protección de las empresas que cumplen”, apuntó el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez.
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