Poco a poco, se sabe más del plan B pergeñado desde el Gobierno de Canarias ante el previsible fracaso de mañana en la Conferencia de Presidentes por lo que respecta a terminar con la insolidaridad de la mayoría de comunidades autónomas peninsulares para reequilibrar el esfuerzo en acoger a los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas.
Si el pasado martes fue el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien desveló, durante su intervención en el Parlamento regional, que contaba con el apoyo de los diputados de Junts (partido nacionalista catalán cuyo líder es el expresidente de la Generalitat y hoy prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont) para impulsar un decreto ley que obligue a ese distribución en la acogida de niños y niñas, hoy se reúne en Vitoria con el lehendakari Imanol Pradelles para sumarle a esa alternativa.
El objetivo de esta cita entre los presidentes de Canarias y Euskadi es, oficialmente, acordar una “postura conjunta” que llevarán a la Conferencia de Presidentes de mañana, al objeto de presentar un planteamiento “posibilista que dé una solución” a la actual situación migratoria, que “se ha convertido en estructural”, informó ayer la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.
Sin embargo, a nadie se le escapa que Clavijo tendrá así una oportunidad de oro para consensuar en lo posible con el PNV (que no solo es el partido de Pradelles, sino que, además, es socio electoral de Coalición Canaria en las convocatorias al Parlamento europeo) ese decreto ley que ya negocia con Junts.
La clave radica en que dicho decreto ley no necesita de los votos del Partido Popular (cuya dirección estatal lleva medio año boicoteando la referida reforma legal en Extranjería) para ser aprobado en el Congreso, siempre que CC logre el respaldo de los actuales socios parlamentarios que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez en la actualidad.
Pero este plan B de Clavijo implica renunciar a la vía de la reforma de la Ley de Extranjería ya pactada con el Gobierno de España, tal y como explicó ayer el presidente canario en declaraciones recogidas por Europa Press, por cuanto dicho decreto ley puede permitir una distribución extraordinaria de menores extranjeros en territorio nacional, tal y como establece el artículo dos de la Constitución, que da al Gobierno central “competencias” para ofrecer recursos y asumir la coordinación de esa emergencia.
Clavijo reconoció que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, acordada en su día con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, “permitía un mecanismo automático de asignación de menores” cuando llegaban a las Islas, “pero, si al final no se tiene la mayoría porque no se quiere tener”, el Gobierno canario buscará los “apoyos necesarios” en las Cortes. Sobre los motivos para este proceder, el presidente explicó que no es competencia de la Comunidad autónoma pero habrá que “hacer algo” con una distribución de menores “extraordinaria” que “alivie” la tensión que hay en los centros de las Islas.
“Nosotros hemos hablado y ellos están abiertos, el decreto lo estamos elaborando nosotros, los servicios públicos de la Comunidad autónoma”, indicó en referencia al apoyo de Junts, al tiempo que insistió en que no pueden quedarse “impasibles” ante la situación de colapso migratorio y la “inactividad” del Gobierno central.
“Entendemos que Canarias no se lo merece y ése es el trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno regional, porque, de lo contrario, significa rendirse y no nos vamos a rendir”, recalcó.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas