Canarias necesita contar con 90 millones adicionales al año para desarrollar una adecuada política forestal que permita proteger el monte y prevenir incendios, en un contexto en el que los efectos del cambio climático están poniendo en serio riesgo a las Islas.
Para conseguir una parte de esos fondos, los profesionales forestales proponen al Gobierno que establezca un impuesto al consumo de combustible, de hasta dos céntimos por litro, que garantizaría disponer de una financiación anual estable de entre 30 y 40 millones de euros, en función del consumo de cada año, cuyo fin sería únicamente promover dicha protección.
Así lo explicó ayer Yeray Rodríguez, representante del equipo facilitador del grupo de pilotaje para unos paisajes forestales más seguros y resistentes, cuyas propuestas, además de la implantación de este impuesto, se expusieron ayer ante técnicos de cabildos y responsables políticos. En este grupo participan, bajo el paraguas de la Asociación de Profesionales Forestales de España (Profor) y el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, expertos, personal de diferentes áreas del Gobierno regional, las universidades, consultores privados y especialistas jurídicos.
La propuesta de establecer un gravamen bajo la premisa de quien contamina, paga es una demanda de muchos años por parte de estos profesionales, que han visto cómo la financiación se ha ido reduciendo, con traspasos de competencias entre Estado, comunidades autónomas y cabildos, lo que ha producido una merma importante en los presupuestos mientras crecen las dificultades asociadas al cambio climático y sus efectos sobre la población, el medio ambiente y la economía. Valga como ejemplo señalar que el gran incendio forestal de 2023 en Tenerife ha tenido un coste de 177 millones de euros.
Con el dinero que se recaude a través del céntimo forestal, el grupo propone medidas concretas, como incentivar económicamente al sector primario en la medianía para mantener el paisaje agrícola, evitando el crecimiento desmesurado del combustible en el monte a causa del abandono progresivo de los entornos rurales.
Otra de las propuestas consiste en impulsar el sector forestal, que “en las Islas es muy precario y está muy basado en las empresas públicas”, por lo que no despliega su potencial en el aprovechamiento de los recursos como fuente de empleo y actividad económica. La idea es apoyar la consolidación de un sector profesionalizado y competitivo con el apoyo del Gobierno a los cabildos para realizar licitaciones abiertas y, también, a través de las empresas públicas, para que se establezca una política de subcontratación que favorezca a las pymes locales.
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