Profesionales avisan de que peligra el servicio de ayuda a domicilio en Canarias

Los colegios de Trabajo Social de Canarias exigieron ayer la retirada de una enmienda a los Presupuestos para 2025, promovida por grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo regional, que supone “un ataque a los derechos sociales”, al permitir a los ayuntamientos reemplazar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y ofrecer una prestación económica.

La enmienda de CC, PP, ASG y AHI modifica, “de forma opaca” y eludiendo procesos participativos, el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. Este cambio “vulnera los derechos sociales, pone en peligro la calidad del servicio” y se lleva a cabo “sin respetar el procedimiento participativo, sin contar con profesionales, administraciones públicas y ciudadanía”, denuncian.

El Servicio de Ayuda a Domicilio “no es solo un servicio; supone un derecho fundamental para garantizar la dignidad y la calidad de vida de miles de personas”, afirman. “Más de 20.414 personas en Canarias dependen del mismo, según los datos del Istac 2023, un recurso esencial que contribuye a mantener la autonomía, dignidad y seguridad” sobre todo de personas mayores y con discapacidad.

Si se aprueba, los ayuntamientos podrán reemplazar este servicio por ayudas económicas, de modo que se les permite que “se desentiendan de ofrecer los cuidados profesionales y trasladan esta tarea a las familias”. De este modo, “se compromete la calidad del servicio, se aumentan las desigualdades territoriales”, ya que los municipios con menos recursos podrían recurrir sistemáticamente a la prestación económica, “y se privatiza de forma encubierta el servicio de ayuda a domicilio”. Plantean reforzar la financiación municipal para que puedan garantizar una atención domiciliaria pública y de calidad.

Los colegios denuncian que se incumple el artículo 12 del decreto del catálogo de servicios y prestaciones, que exige que pase por un proceso de consulta pública, con la participación de las administraciones canarias y del Consejo General de Servicios Sociales. Un procedimiento participativo que “garantiza la transparencia y la evaluación técnica” de los cambios, así como sus implicaciones. La enmienda implica “un acto de oscurantismo y exclusión democrática inaceptable”, finalizan.