La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha alertado este jueves sobre la “grave crisis” que enfrenta el sector del transporte sanitario tras la renovación de los contratos públicos por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Según señala el responsable del sector de ambulancias, Enrique Espi, esta decisión, lejos de solucionar los problemas existentes, está agravando una “situación insostenible” debido a la ausencia de fiscalización técnica y laboral a las empresas adjudicatarias.
En concreto, ha denunciado que la administración incumple la Ley de Contratos del Sector Público al no controlar “las irregularidades, incumplimientos e ilegalidades cometidas por las empresas adjudicatarias”, puntualiza en un comunicado.
Ha calificado de “muy preocupante” y “alarmante” que la administración y la Consejería de Sanidad conozcan estos hechos y renueven los contratos sin penalizar los “incumplimientos”.
Asimismo, desde FSC-CCOO se ha denunciado que “esta permisividad” otorga a las empresas “una sensación de impunidad”.
“Las empresas operan como si estuvieran protegidas por la administración, sin consecuencias negativas para ellas, pero con un impacto devastador para los trabajadores y usuarios”, agrega.
Ejemplifica con la empresa ISCAN en Gran Canaria, “que ha llegado al extremo de vulnerar reiteradas veces derechos fundamentales de libertad sindical, un hecho que el sindicato ha llevado ante los tribunales”.
El sindicato también ha cuestionado la externalización de un servicio esencial que se gestiona con dinero público.
“La gestión directa es la única solución viable para garantizar la transparencia, la eficiencia y el respeto a los derechos laborales y sindicales”, defienden desde Comisiones Obreras.
Sin embargo, el acuerdo para fiscalizar a las empresas y estudio para la internalización del servicio sigue paralizado por intereses que, aseguran, desconocen.
Desde FSC-CCOO se preguntan también por qué la administración no actúa y prioriza este sistema, “claramente perjudicial” para los trabajadores y los usuarios.
Por ello, exigen a la Consejería de Sanidad una respuesta inmediata que garantice la calidad del servicio y el cumplimiento de lo firmado en los contratos públicos con las empresas adjudicatarias.
También reivindican, asimismo, la protección de los derechos laborales, y un avance “real” hacia la gestión pública directa del transporte sanitario en Canarias.
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