Todo se removió por un párrafo que la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife no dudó en incluir en un auto dictado cuando investigaba, precisamente, el llamado caso Herrajes Guamasa, ahora ratificado por el Supremo. La decisión judicial, cuyo número de procedimiento es el 4440/2013, sostiene que, de la instrucción seguida a cuenta de una querella presentada por los antiguos propietarios de la empresa Herrajes Guamasa, tanto Carta como su hijo Alessio y la pareja de este, Laura Painate, tienen como “medio de vida” la descapitalización fraudulenta de empresas.
En cita textual del referido auto, la titular de ese juzgado explicaba que “de la instrucción se desprende (…) que los hoy querellantes [antiguos propietarios de la citada empresa, ahora en concurso necesario de acreedores] han sido engañados por los querellados, resultando este su medio de vida, al seguirse varias causas contra estos por hechos similares, pues han venido descapitalizando de forma intencionada la citada entidad, llegando a despatrimonizarla e ir trasmitiendo todas las propiedades” a una empresa propiedad de Laura Painate, “eludiendo el pago de las obligaciones contraídas (…)”.
Escándalo
Si de por sí el asunto ya se antojaba escandaloso, que Carta figurase como promotor del circuito de motor de Tenerife despertó todas las alarmas, y más al observarle junto a las más altas autoridades tinerfeñas en una presentación del proyecto, como se puede comprobar en la imagen que acompaña a estas líneas. Como es sabido, y pese a que su desvinculación no fue instantánea para preservar en lo posible los intereses del Cabildo, se adoptaron medidas suficientes para terminar apartando a tan indeseables compañeros de viaje de una iniciativa que, por otra parte, sigue sin fraguar.
Lo cierto es que el mayor mérito, sin lugar a dudas, lo atesora el excelente trabajo llevado a cabo en el juzgado de instrucción capitalino, porque sobre él se cimenta tanto la sentencia condenatoria dictada por la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como ahora por la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que esta semana ha rechazado plenamente los recursos interpuestos contra la misma por los condenados Giuseppe y Alessio Carta, así como por Laura Painate, a tal punto que, a su vez, han sido condenados a sufragar las costas judiciales.
Las claves
El Supremo, al igual que hizo en su momento la referida sección de la Audiencia Provincial tinerfeña, considera probado que los hechos del caso de Herrajes Guamasa consistieron en actividades fraudulentas de disposición de bienes, que causaron un notorio perjuicio económicamente en beneficio de su gestor, que actuó de modo desleal. El último fallo ratifica que los vendedores accedieron a desprenderse de sus sociedades porque el principal condenado en esta causa les aseguró que, en el plazo de tres meses, les libraba de los avales personales asumidos.
Pero el hecho de que los denunciantes vendieran el 95% de sus acciones por cinco euros, pese al valor de las entidades, evidencia que contaban con librarse de las deudas, lo que no se cumplió pese a constar en las escrituras públicas suscritas.
Se enteraron por DIARIO DE AVISOS de que eran presuntos delincuentes
“¡Podías haberme avisado!”. En realidad, esta frase fue proferida con tono de agradecimiento por un alto cargo del Cabildo de Tenerife a quien suscribe tras descubrir, gracias a una exclusiva del Decano de la Prensa en Canarias, que estaban contratando para el futuro circuito del motor insular a unos delincuentes que por entonces sólo eran presuntos, cuando en realidad ya arrastraban un pésimo historial tras su paso primero por Baleares y, luego, por Lanzarote. Como desveló este periódico en 2015, de ambos territorios tuvieron que salir por sus prácticas poco aconsejables y desembarcaron en Tenerife para pesar de los empresarios isleños de Herrajes Guamaza, a quienes estafaron gravemente, como ahora ratifica el Tribunal Supremo.
Felizmente, el Cabildo tomó buena nota de la investigación publicada por DIARIO DE AVISOS y, tras pedir aclaraciones y exigir pruebas de la solvencia de Carta y sus socios, terminó por apartarles de un proyecto que, pese al transcurso de los años, sigue estando en la fase de preparativos sin que, de momento, parezca concretarse de una vez.





