El Gobierno autonómico presentó este viernes ante diversas administraciones públicas de las Islas el borrador de la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, una medida con la que, vía decreto, se busca una normativa “más operativa”. Así lo expuso el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, en la celebración del III Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias, en el Cabildo de Tenerife, según recoge Europa Press.
A la cita acudieron representantes de los cabildos, la Dirección General de Política Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Fecam, Gesplan, Policía Canaria, Seprona y de las áreas de medio ambiente de las corporaciones insulares y de parques nacionales.
El objetivo de la reunión, que se convoca dos veces al año, es poner en común actuaciones que se emprenden desde los distintos niveles de la Administración. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, agradeció el haber confiado en la Corporación insular para ser sede de un consejo que reúne a representantes locales, insulares, regionales y de otras administraciones que, “en estrecha colaboración”, son “guardianes” del patrimonio histórico y cultural de las Islas.
“MÁS OPERATIVA”
Miguel Ángel Clavijo señaló que el Gobierno de Canarias ha observado en la actual ley “algunas deficiencias” y busca que sea “más operativa”. “Pretendemos que salga consensuada después de los estudios de carácter técnico, porque al final la experiencia es un grado”, apostilló el director general.
La mejora de la operatividad pasará, entre otros aspectos, por modificar las sanciones, para que “no salga gratis atentar contra el patrimonio”. También redefine el Bien de Interés Cultural (BIC), reservándolo a elementos que acrediten valores excepcionales, en línea con los estándares internacionales, y crea una figura intermedia, el Bien de Relevancia Patrimonial Insular (BRPI), que sustituye a los catálogos insulares y permitirá “una tutela adecuada”.
La norma modificada se centrará en atender las dificultades que se le presentan a los municipios al inventariar y registrar el patrimonio cultural, para que cabildos y Gobierno colaboren más con las entidades locales.
El Ejecutivo quiere incrementar las sanciones, “de tal manera que se conviertan en disuasorias”, y para ello Miguel Ángel Clavijo consideró esencial el refuerzo realizado en la plantilla de inspectores del departamento.
Uno de los aspectos más relevantes es la clarificación del régimen de medidas cautelares, permitiendo su adopción incluso antes del inicio formal de un expediente, para evitar daños irreversibles en bienes en riesgo.
Las sanciones por atentar contra el patrimonio pueden quintuplicar el valor del daño y ser de un millón de euros o más en el caso del no valorable
Asimismo, se quiere ampliar el concepto de patrimonio arqueológico, adaptándolo a los avances en investigación que se van dando y a la diversidad patrimonial del Archipiélago.
El nuevo régimen sancionador será “más contundente” y prevé multas que pueden alcanzar el quíntuple del valor del daño causado, y en el caso de infracciones no valorables, establece sanciones de hasta un millón de euros, con incrementos adicionales si el beneficio obtenido supera la sanción.
Un procedimiento reglado para candidaturas canarias a las listas de Patrimonio Mundial y de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, planes de patrimonio cultural, reforzar la Carta Canaria para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial o desarrollar una Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables, una de museos y el Gabinete Numismático son otras medidas que se quieren plasmar.
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