El pleno de La Laguna aprobó ayer la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio de Recogida de Basura y Residuos Sólidos Urbanos del ayuntamiento, en cumplimiento de la nueva ley estatal, que deriva de una normativa europea, y a la que están obligados todos los ayuntamientos del país. En esta modificación se plantea una subida media del 24% de la tasa, aunque la cuantía final a abonar variará en función del valor del bien catastral objeto de la recogida de la basura y también del número de empadronados en la vivienda. Además, se podrán aplicar una serie de reducciones en circunstancias concretas, así como bonificaciones, según explicó ayer la concejala de Hacienda, Paqui Rivero, quien apuntó que la previsión es que la nueva ordenanza entre en vigor a partir de enero del próximo 2026.
Cabe recordar que la ordenanza que se viene aplicando hasta ahora contempla una tasa fija de unos 95 euros para todos los vecinos y vecinas, apuntó.
La modificación de la ordenanza salió adelante con el voto del grupo de Gobierno (PSOE-CC) y el concejal no adscrito, y el rechazo de las formaciones de la oposición (Drago Verdes Canarias, Unidas se puede, PP y Vox). Tras esta aprobación, se abre un periodo de información pública en el que se podrán presentar alegaciones.
“No ha sido una ordenanza nada fácil. El equipo de Tributos lleva meses trabajando en confeccionarla y el Tribunal Económico Administrativo ha estado en todo momento asesorándonos. Es una ley nacional que hay que implementar sí o sí para evitar sanciones”, defendió Paqui Rivero durante el debate en el pleno. La concejala detalló que “la tasa obliga a tener un cobro por generación y que no sea deficitario. El coste pasa de 11.125.000 euros a 13.770.000 euros que hay que cubrir obligatoriamente”, y que supone un incremento del 24%.
Rivero enfatizó que, con esta modificación, “este equipo de gobierno no pretende lesionar al vecino. Por eso estamos planteando también una justicia tributaria en función de los valores catastrales” de las viviendas.
Además, señaló que “incorporamos una reducción del 90%” en casos de vulnerabilidad económica, o del 50% para pensionistas, así como otras reducciones para negocios e industrias. Y a partir de 2027 se podrán aplicar también una serie de bonificaciones “por adherirse a programas especiales de reciclaje o asistencias a punto limpio”, entre otros, añadió.
Por lo que, “seremos muchos los vecinos a los que nos incremente la tasa lineal, pero también habrá vecinos que la verán disminuida”, apuntó.
En definitiva, destacó que “este Ayuntamiento tiene que hacer frente a un incremento del coste que supone la aplicación de la ley de 2,6 millones, y que no puede ser sufragado por los ingresos propios, sino a través de una tasa. Y les recuerdo que una tasa cubre exclusivamente el coste del servicio”.
Mientras, el concejal de Servicios Municipales y portavoz de CC, Fran Hernández, puso en valor el trabajo realizado para elaborar esta ordenanza y afirmó que “vamos a ser el primer ayuntamiento de Tenerife que va a tener esta ordenanza en la calle”. También destacó que “está elaborada precisamente para que el impacto en los vecinos y vecinas sea el menor posible” y apuntó que desde su área se está trabajando en un “abanico de programas” para bonificaciones.
Por su parte, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, enfatizó que “si hubiésemos tenido cualquier otro tipo de opción para no imponer la tasa en el municipio, lo hubiésemos hecho”. Pero, añadió, “no puede ser afrontada o subvencionada por el erario público municipal, sino que tiene que repercutir en los generadores de residuos”, por lo que “era prácticamente imposible para nosotros poderla abonar”.
“La realidad es que es una tasa impuesta. Hemos llevado a cabo un estudio escrupuloso con técnicos y con catedráticos para que nos den las pautas para poder implantarla y después también tendremos un tiempo prudencial” para explicarla a la ciudadanía, concluyó.
Críticas oposición
Sin embargo, desde la oposición se criticó esta modificación de la ordenanza. Así, desde Drago Verdes Canarias señalaron que les preocupaba “el factor multiplicador en función de las personas empadronadas en la vivienda, porque a medida que aumenta el número va subiendo la tasa”, así como que los tramos por valor catastral no vayan más allá de 120.000 euros. A su juicio esto va a “penalizar a las clases populares y a las personas víctimas de la falta de vivienda”.
En esta línea, desde el PP denunciaron que “una vivienda de entre 60.000 y 90.000 euros (de valor catastral), en la que viven cuatro personas, pasa de 90 a 130 euros de tasa, y eso no es el 20%”.
Mientras, desde Unidas se puede, criticaron la falta de participación vecinal en la elaboración de esta modificación de la ordenanza y señalaron que “hay muchas cuestiones que se pueden mejorar”, como “aplicar mayor esfuerzo sobre los que tienen mayor capacidad económica”.
Control vehículos deportivos
Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad una moción, a propuesta de Unidas se puede y con enmienda del Gobierno local, para reforzar el control de vehículos deportivos (motocross y los 4×4) en zonas naturales o agrícolas, y en la que se acuerda “trabajar con el Ayuntamiento de Tegueste un bando conjunto con el que ordenar la paralización de la práctica no autorizada de toda actividad relacionada con vehículos de motor de tipo deportivo, fuera de las zonas establecidas, aplicando la normativa vigente”.
Así como “reforzar las labores de control del uso ilegal de zonas naturales o agrícolas para la práctica deportiva no autorizada”, y “trabajar en colaboración con Tegueste y el Cabildo para presentar en el periodo de alegaciones de la Ley del Suelo de Canarias, la prohibición de la práctica deportiva no autorizada en suelo rústico”.
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