El Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la negativa de Aragón a colaborar con la acogida de menores migrantes no acompañados.
“También, dentro de los temas que hemos tratado esta misma mañana, el Consejo de Ministros figura el recurso que el Gobierno de España presenta ante el Tribunal Constitucional por la negativa del Gobierno de Aragón a cumplir con la ley y colaborar en la acogida de niños y niñas, adolescentes, migrantes no acompañados”, ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.
Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que Aragón ha sido la única comunidad que no ha remitido la información en fecha y forma sobre las cifras de menores atendidos en su sistema de protección autonómico.
En concreto, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha acordado la interposición ante el TC de un conflicto positivo de competencia en relación con la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, por la persona titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico. El motivo del mismo es por no atender a las exigencias del deber de colaboración derivadas de la aplicación del real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
“También conocen que el Real Decreto-Ley fue aprobado el pasado 18 de marzo y que, por tanto, como saben y como corresponde ante cualquier Real Decreto-Ley aprobado, es de obligado cumplimiento para todos los territorios”, ha recalcado Alegría.
En este sentido, el plazo para presentar los datos que reclamó el Ministerio de Juventud e Infancia terminó el pasado 31 de marzo, fecha en la que todas las autonomías menos Aragón presentaron sus cifras de acogida. Si bien, según señaló la ministra Sira Rego, algunas, como la Comunidad de Madrid, lo hicieron de manera “general”.
Igualmente, el departamento que dirige Rego volvió a solicitar el pasado 6 de mayo los datos de acogida a las comunidades, tras la celebración el día 5 de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Por lo tanto, las autonomías tendrán hasta la próxima semana para presentar la información requerida por el Ejecutivo para llevar a cabo el reparto de menores migrantes no acompañados.
INFORMACIÓN “ESENCIAL” PARA EL EJECUTIVO
Desde el Ejecutivo han expuesto que la información requerida, que la Comunidad Autónoma de Aragón se ha negado a aportar al Ministerio de Juventud e Infancia en el plazo correspondiente, es “esencial” para fijar la capacidad ordinaria de acogida que tiene cada territorio.
Para el Gobierno de España se trata de una obligación legal suficientemente caracterizada en la norma y sujeta a plazo, cuyo incumplimiento conlleva un “menoscabo competencial”, en la medida en que “priva de eficacia a la decisión adoptada por el legislador estatal en ejercicio de sus competencias exclusivas previstas en el artículo 149.1.1ª y 2ª de la Constitución Española”.
Al amparo del artículo 161.2 de la Constitución Española, el Acuerdo adoptado este martes en el Consejo de Ministros invoca la suspensión de la decisión del Gobierno de Aragón y solicita al Alto Tribunal que se notifique personalmente la providencia de suspensión que se dicte a la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Asimismo, se solicita que se le inste a dar inmediato cumplimiento a las obligaciones legales que le incumben.
En el Acuerdo adoptado este martes se citan las declaraciones públicas que hizo la consejera aragonesa, Carmen María Susín, el 19 de marzo, el mismo día en que se publicó en el BOE el real decreto-ley para la acogida compartida de menores migrantes no acompañados.
El Ejecutivo destaca que los medios de comunicación recogieron en marzo las palabras de la consejera, que trasladaba literalmente que Aragón “no va a colaborar en el reparto de menores”. “Dicha decisión adoptada por la destinataria de las obligaciones legales, y responsable y competente para su cumplimiento, ha sido respaldada con manifestaciones públicas posteriores del propio presidente del Gobierno de Aragón, el 7 de mayo de 2025”, ha añadido.
En esta misma línea, ha detallado que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, aseguró que “Aragón cree que lo que están haciendo con los menores por parte del Gobierno de España no cumple con la legalidad”. “Y recurrirlo ante los Tribunales, lo que conlleva es que no se aporten los datos para no estar de acuerdo con una ley que creemos que es ilegal, es decir, forma parte de una estrategia en la que, evidentemente, la ilegalidad no queremos que se instale en nuestra Comunidad Autónoma”, señaló Azcón.
Al respecto, el Gobierno ha recordado que la impugnación del real decreto-ley por parte de la Comunidad de Aragón ante el Tribunal Constitucional “no determina de modo automático la suspensión de su vigencia, siendo la suspensión, en caso de solicitarla la Comunidad Autónoma, valorada, y acordada o denegada, por el Alto Tribunal”.
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